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Advertencias actuales de Marco Tulio Cicerón

El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser eaprovisionado,
la deuda pública debe ser disminuida.

Marco Tulio Cicerón​ fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano que en el año 55 a. C. escribió para Roma unas instrucciones  que podrían considerarse proféticas para la España del momento, aún con los 2075 años transcurridos. Esto decía:

“El presupuesto debe equilibrarse,

el Tesoro debe ser reaprovisionado,

la deuda pública debe ser disminuida,

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la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y

la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma (léase la España actual)  no vaya a la bancarrota.

La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado.” 

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Uno de los pasos más importantes en el sector financiero español en esta época, es la posible fusión entre CaixaBank y Bankia que según los entendidos  tiene sentido desde diversos puntos de vista. Transformación digital, baja rentabilidad, colchones de capital contra la morosidad… “Todo entraña que la banca tenga que tener músculo financiero”, apunta el profesor Gay de Liébana. “Es el momento de construir una tercera gran entidad financiera junto con el Santander y el BBVA”, añade.

Calviño ve la fusión de CaixaBank y Bankia como “un primer paso de un proceso de reestructuración financiera en Europa”, porque, efectivamente, la vicepresidenta económica recuerda que “el BCE y la Comisión Europea han instado” a las fusiones de bancos como la que se está negociando en España.  Es decir, somos unos subordinados al poder europeo.

Y ¿Esto es perjudicial para la nación? Pues depende. Si el BCE y la Comisión Europea consigue, tal como decía Cicerón, imponerse a la arrogancia de los funcionarios públicos (entiéndase al Gobierno), podrá conseguir que el presupuesto se equilibre y la deuda pública en España disminuya. Hazaña difícil porque en el segundo trimestre de 2020 ha crecido en 65.744 millones de euros y se sitúa en 1.289.905 millones. En el primer trimestre de 2020 fue de 25.864 euros, luego se ha producido un incremento de la deuda por habitante de 1.389 euros, es decir, esto es lo que ha aumentado la deuda personal de cada españolito.

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Por tanto, alguna esperanza tenemos de que para equilibrar esos futuros presupuestos, obliguen a reducir los disparatados gastos del propio gobierno, en el que, por poner un ejemplo, el ministro Castells (Podemos) se permite afirmar con tranquilidad que, a pesar de los rebrotes, no tiene plan B para volver a la Universidad. Conviene no olvidar que cuenta con ocho asesores en su departamento con sueldos que suponen para las arcas públicas un desembolso de algo más de medio millón de euros al año. En concreto, el ministro de Universidades dispone de cinco asesores y tres consejeros técnicos de información, según ha informado el propio Gobierno en sendas respuestas parlamentarias al Grupo Popular tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

A preguntas de algún diputado y también senador, el Ejecutivo ha

revelado que «las retribuciones totales brutas anuales del personal eventual autorizado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) para el Gabinete del Ministro de Universidades, incluido el coste de Seguridad Social, asciende a 67.037,57 euros/año para los cinco Asesores y 60.730,29 euros/año para los tres Consejeros Técnicos de Información».

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Además de estos ocho asesores, la dotación de personal del equipo más cercano al ministro la conforman una directora de gabinete, con dos secretarios; y un subdirector general, con cinco secretarios asignados. Luego, otros altos cargos de este departamento son un secretario general de Universidades, un subsecretario y una secretaria general técnica, según consta en el Portal de Transparencia del Gobierno y en la respuesta que Moncloa ofreció el pasado marzo al senador del PP, Jesús Vázquez. Tantísimo derroche para que no cumplan con su trabajo.

Añadan que esto corresponde sólo al Ministerio de Universidades, porque Pedro Sánchez, para contentar a Podemos dentro de su acuerdo de coalición para la investidura, lo desgajó del Ministerio de Ciencia e Innovación, de modo que para calcular lo que la broma de este gobierno frente populista nos supone, sólo en este área, habría que sumar los totales de ambos ministerios. Téngalo en cuenta porque lo pagamos todos y valoren su eficacia.

De modo que confiemos en que el BCE y la Comisión Europea no solo obliguen a corregir el despilfarro, sino que vigilen “la letra pequeña” de los presupuestos porque un número importante de partidas de gasto están emboscadas y aparecen en una maraña genérica de conceptos y subconceptos que impiden conocer con profundidad su destino real. Y, pese a la eterna promesa de los distintos gobiernos de reducir o limitar el gasto improductivo, no deja de sorprender su permanencia y que ningún partido plantee una reforma que modernice y haga transparente la estructura presupuestaria. En la mayoría de los casos son partidas que se vienen arrastrando desde hace más de 40 años[1], que no se revisan y actualizan, y que, como mucho, se modifican según los compromisos de gasto y déficit o incluso la proximidad electoral.

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Volviendo a la joint venture, −más o menos obligada por la superioridad−, convendría saber en cuánto se han beneficiado la crème de la crème de la oligarquía política que, conociendo anticipadamente, el tema, han podido comprar acciones de Bankia antes de que experimentaran una inusitada subida del 30%. Esto ha producido fricciones y resquemor entre los miembros del gobierno; sería por ello muy interesante conocer si el enfado de los miembros oligárquicos  críticos con la fusión, lo es porque lo consideran negativo para los intereses de España o quizás sea debido a cuestiones menos patrióticas, puramente personales. Destacamos tres:

−políticamente le ha supuesto una frustración al no conseguir  su proyecto de una banca pública a través de Bankia.

−económicamente una humillación al ocultarle la operación, porque les ha impedido beneficiarse de la compra anticipada de acciones de Bankia, como sí ha podido hacer la élite gubernamental.

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−puede ser que el enojo se deba a algo menos material. Un ego malherido soporta mal la falta de confianza que se desprende de la actuación.

En cualquier caso, que los ministros de Podemos, ellos la casta política, sean considerados de segundo nivel, les ha dolido profundamente. ¡No vamos a callarnos, dicen!

La Generalidad también anda como dama ofendida. Ya en 2017 se mostraron molestos culpando a Mariano Rajoy y a la Casa Real, del traslado de las sedes de La Caixa y Sabadell.  Nadie discute en Cataluña el desprecio al gobierno catalán de la dirección de la Fundación la Caixa que preside Isidre Fainé. Especialmente tras la salida de Jaume Giró y la fecha de caducidad al mandato de Jordi Gual, principales valedores del independentismo en la cúpula de la entidad; de modo que Fainé obvió en sus gestiones actuales tanto a Quim Torra como a su vicepresidente económico Pere Aragonés, llamado según las encuestas a sustituirlo al frente de la Generalitat cuando desde Waterloo se autorice a Torra a convocar elecciones autonómicas. Esto ha servido para que sigan utilizando el discurso del agravio en el que Pere Aragonés ha contado estos días con la ayuda de Podemos. Unos y otros coinciden en rechazar la operación basándose en la participación pública en Bankia.

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Aunque Podemos lo hace en defensa de su proyecto de una banca pública, ERC lo hace para denunciar la futura influencia del Gobierno en la primera entidad financiera de España, número uno además de la banca en Cataluña, pero ni uno ni otro piden que Bankia que fue la entidad que más dinero necesitó en el rescate bancario pues duplicó los 22.000 millones de euros de los que solo ha devuelto un 13%, devuelva el resto a la Hacienda española.

Por último, recordamos la recomendación de Cicerón: La gente

debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado.” Veremos qué ocurre con el Ingreso Mínimo Vital, pero ya tenemos experiencia de lo ocurrido con el Plan de Empleo Rural, (PER), transformado ahora en Plan de Fomento de Empleo Agrario. Es un plan de subvenciones a los ayuntamientos de varias comunidades autónomas para realizar inversiones en el mundo rural. Sin embargo, culpan a las ayudas y subsidios agrarios porque están generando un incentivo perverso, ya que hacen que el jornalero prefiera cobrar el desempleo antes que ir a trabajar lo que hace que las cosechas se pierdan.

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Cuándo Dios de mi España, pondrás tasa

                            Al baldón de tu pueblo envilecido?

                            No, pueblo, no, sino cobarde masa…..(Miguel de Unamuno: “De Fuerteventura a París”: El texto” poético”-Soneto XXVII, 53)


[1] A modo de ejemplo: El Independiente, hablaba en mayo de 2017 de una partida de más de 7 millones € para la Guardia Mora de Franco. Teniendo en cuenta que la Guardia Mora fue disuelta en 1956, tras la independencia de Marruecos y que Franco murió el 20 de noviembre de 1975, ¿Quién fue el beneficiario de tales partidas sin destinatario que el mencionado periódico cita en 2017? ¿Quién estuvo embolsándoselas durante 61 años? Y, por último, ¿se habrá corregido o seguirán quedándose con el dinero de los españoles?

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