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Grupos abortistas persionan a Biden sobre la ley Provida “racista”

De acuerdo a los grupos abortistas, las restricciones al aborto de los EEUU han sido “implementadas en exceso”.

Imagen con licencia Pixabay

(C-Fam)– Grupos abortistas pidieron a la administración Biden eliminar la prolongada restricción abortista en la ley para “armonizar la política de EEUU con sus obligaciones de derechos humanos”

“El Congreso debe derogar la Enmienda Helms íntegramente y mientras tanto la Administración debe hacer todo lo que pueda para mitigar los daños de esta atroz política”, según una carta a la Casa Blanca de 140 organizaciones que promueven el aborto, los derechos LGBT y la justicia racial.

La carta describe la Enmienda Helms, la cual prohíbe el uso de fondos de EEUU para ayuda exterior en el pago de abortos en el extranjero, como poseedora de “raíces racistas y neocoloniales”.

Los grupos abortistas instaron a la administración Biden a permitir que los fondos de ayuda exterior de los EEUU se usen para ejecutar abortos “en casos de violación, incesto y peligro para la vida”.

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Bajo la enmienda Helms y otras restricciones federales sobre actividades relacionadas con el aborto, los grupos abortistas no pueden recibir fondos de EEUU para emergencias humanitarias. La asistencia humanitaria de los EEUU eclipsa el gasto global de EEUU en salud. Muchos grupos humanitarios no ejecutan abortos porque quieren permanecer aptos para recibir fondos de EEUU y la segregación de fondos de EEUU sería poco práctica.

En la carta, los grupos abortistas piden a la administración abandonar la enmienda Helms en las batallas por las partidas persupuestarias anuales y establecer orientaciones para eludir la Enmienda Siljander, la cual prohíbe a los receptores de ayuda exterior de EEUU el cabildeo para cambiar las leyes de aborto en el extranjero.

De acuerdo a los grupos abortistas, las restricciones al aborto de los EEUU han sido “implementadas en exceso”.

Ellos escriben que la enmienda Helms solamente restringe el uso de la ayuda exterior de EEUU para el “aborto como método de planificación familiar” pero que “no incluye casos de violación, incesto o vida en peligro”.

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Durante casi cincuenta años, la enmienda Helms ha sido interpretada tanto por los presidentes Demócratas y Republicanos como una completa prohibición en el uso de los fondos de los contribuyentes de EEUU por grupos extranjeros para ejecutar abortos. Los grupos abortistas afirman que esto fue un error legal y una violación de los derechos humanos.

La carta también recuerda las recomendaciones de los Países Bajos, el Reino Unido y otros poderes extranjeros a abandonar las restricciones de EEUU al aborto en la ayuda exterior. Las recomendaciones fueron hechas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el año pasado.

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Por entonces, la administración Trump denegó que los EEUU tuvieran ninguna obligación en derechos humanos para financiar el aborto en el exranjero. Pero el mes pasado, la administración Biden aceptó las recomendaciones. Dar la bienvenida a las recomendaciones señalan que la Casa Blanca está de acuerdo con la valoración de estos poderes extranjeros de que las restricciones federales sobre financiación del aborto equivalen a un abuso de los derechos humanos.

El Registro del Congreso en el tiempo en que la enmienda Helms y otras restricciones abortistas fueron adoptadas por el Congreso asume varias motivaciones, principalmente el respeto a la conciencia de los contribuyentes de EEUU y doctores extranjeros que no quieren ser cómplices de los abortos. Pero, a lo largo de los años, los líderes parlamentarios provida han señalado también que las restricciones al aborto son necesarias para proteger a las minorías raciales y étnicas del control de población dirigido.

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“La no aplicación de estas recomendaciones convertiría el compromiso de los EEUU con el sistema de derechos humanos en mera retórica y, peor aún, retórica que está directamente socavada por la incapacidad para actuar”, según se atribuye a Akila Radhakrishnan, Presidente del Centro de Justicia Global.

El Centro de Justicia Global ha encabezado la campaña para reinterpretar la enmienda Helms, incluyendo el persuadir a gobiernos extrajeros a que presionen al gobierno de los EEUU.

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