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CHILE: In ius vocatio

¿Por qué empeñarse en negar la inmunidad natural?

Como bien sistematiza el psicólogo y biólogo estadounidense Daniel Nuccio, mucho antes de que los médicos tuvieran un concepto siquiera rudimentario de lo que era un anticuerpo o cualquier conocimiento real del sistema inmune, existía una idea básica de que los individuos que sobrevivían a ciertas enfermedades tenían pocas probabilidades de sufrirlas por segunda vez.

Junto con la idea de que se podía lograr este fin a través de medios menos arriesgados, como la inoculación con una pequeña cantidad o una forma atenuada de un agente causante de la enfermedad (o de una enfermedad similar pero menos virulenta), esta comprensión es la que dio lugar a la práctica de la variolización y, posteriormente, a la vacunación. Por eso los aristócratas británicos del siglo XVIII exponían a sus hijos a pequeñas cantidades de pus de las lesiones de la viruela. Por eso Edward Jenner, el “padre de la inmunología”, empezó a infectar la viruela bovina a sus amigos y familiares antes de llevar la práctica a nivel mundial. Por eso los padres han podido cuidar durante mucho tiempo a sus hijos enfermos de enfermedades infantiles que ellos mismos habían padecido décadas antes, sin preocuparse de enfermar nuevamente en la edad adulta.

Por supuesto, este principio no es válido para todas las enfermedades infecciosas. Pero las crecientes evidencias sugieren que probablemente sea cierto para el COVID-19.

Al comienzo de la pandemia, el 26 de abril de 2020, el Consejo Asesor COVID-19 de nuestro país –que integraba la actual subsecretaria de salud Paula Daza- emitió un documento denominado “Estrategias para aumentar la detección de SARS-CoV-2 en Chile”, que se publicó en el sitio Web del Ministerio de Salud y señala que “La presencia de anticuerpos (IgG/IgM) en sangre contra SARS-CoV-2 (denominado ‘seropositividad’) confirma que la persona fue infectada por el virus. La infección puede haber ocurrido en un lapso de 5-7 días a meses antes de la seropositividad. La seropositividad sugiere que la persona estará protegida contra el COVID-19”.

Distintos estudios publicados en las revistas médicas más prestigiosas concluyeron lo mismo: que tanto los seropositivos al SARS-CoV-2, como los inmunizados mediante vacunas, logran una inmunidad contra el COVID-19. Incluso se ha acreditado que la inmunidad de los seropositivos es mayor y podría durar entre varios años hasta permanentemente.

En uno de ellos, denominado “Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections”, se demostró que “la inmunidad natural confiere una protección más duradera y fuerte contra la infección, la enfermedad sintomática y la hospitalización causada por la variante Delta del SARS-CoV-2, en comparación con la inmunidad inducida por la vacuna de dos dosis BNT162b2”. Al respecto, Science informó que “la protección inmunológica natural que se desarrolla tras una infección por el SARS-CoV-2 ofrece un escudo considerablemente mayor contra la variante Delta del coronavirus pandémico que dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, según un amplio estudio israelí”, y que “los datos recién publicados muestran que las personas que alguna vez tuvieron una infección por el SARS-CoV-2 eran mucho menos propensas que las personas vacunadas a contraer el Delta, a desarrollar síntomas por ello o a ser hospitalizadas con COVID-19 grave”.

Dicho de otro modo, se ha acreditado que las personas vacunadas tienen 27 veces más probabilidades de contraer una infección sintomática por SARS-CoV-2 que las que cuentan con inmunidad natural contra este virus, al encontrarse recuperadas del mismo. En esta línea, el profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, Martin Kulldorff, afirmó que las investigaciones que demuestran que la inmunidad natural ofrece una protección exponencialmente mayor que la de las vacunas significan que los pasaportes de vacunación son tanto anticientíficos como discriminatorios, ya que afectan de forma desproporcionada a las personas de clase trabajadora. “El contagio previo de COVID-19 (caso de muchos trabajadores) ofrece mejor inmunidad que las vacunas (caso de muchos profesionales), por lo que los pasaportes de vacunas no sólo son un disparate científico, sino que también son discriminatorios y poco éticos”, observó Kulldorff, bioestadístico y epidemiólogo, en Twitter.

Puede leer:  ¿Quién necesita conspiraciones cuando los progresistas definen abiertamente el mundo post-coronavirus?

El “Certificado Digital Covid” para el libre desplazamiento de las personas entre los países miembros de la Unión Europea no aplica solamente a quienes hayan sido inoculados con las dosis necesarias de las vacunas aprobadas, sino a quienes tengan una prueba PCR reciente que acredite que están sanos y a quienes cuenten con un certificado de anticuerpos por haber tenido la enfermedad. En Chile, en cambio, sólo se le permite el ejercicio de su derecho esencial a desplazarse libremente a las personas que se hayan sometido al programa de vacunación impuesto del estado (por cierto, también a los millares de inmigrantes ilegales que ingresan descontroladamente al país por estos días).

Cuando hemos ejercido acciones judiciales al respecto, el Ministro de Salud ha respondido invariablemente que “no puede permitirse que una persona, que no ha sido vacunada, pueda desplazarse en los mismos términos que una persona que completó el programa de inoculación, precisamente porque los anticuerpos que puede tener una persona que sufrió la enfermedad, son considerablemente menores que aquellos debidamente inoculados, lo que da cuenta de la razonabilidad de la medida, evitando cualquier atisbo de arbitrariedad”. Sin embargo, la falsedad de dicha afirmación se demuestra con un simple análisis de sangre, en que los anticuerpos de un individuo recuperado del COVID-19 registran niveles iguales o mayores que los de uno vacunado. 

No es tolerable que la máxima autoridad sanitaria del país discrimine arbitrariamente a millones de ciudadanos bajo la excusa de estar siguiendo a la ciencia, cuando en realidad la está ignorando completamente. Si bien algunas autoridades y profesionales del área médica se han acostumbrado a mentir en el último par de años, lo interesante es que ahora no ha ocurrido en platós de televisión, sino en procesos judiciales, lo que puede dar origen a sanciones penales por falso testimonio. In ius vocatio.

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