By Stefano Gennarini, J.D.
(C-Fam) La Asamblea General está discutiendo un tratado sobre crímenes contra la humanidad que podría ser usado por los fiscales de todo el mundo para multar y encarcelar a los conservadores religiosos y a cualquiera que se oponga a la agenda homosexual y trans.
El borrador del tratado, preparado por la Comisión de Derecho Internacional, descarta una antigua definición de ley vinculante que a los progresistas siempre les ha desagradado, incluso más hoy en día, según el “transexualismo” avanza rápidamente: “los dos sexos, masculino y femenino, dentro del contexto de la sociedad”. Un cambio en la definición podría abrir la puerta al enjuiciamiento de cualquiera que se oponga a las ideas, comportamiento o prácticas homosexuales y transgénero.
La definición original aparece en el Estatuto de Roma, el cual creó la Corte Penal Internacional adoptada en 1999 que rechazaba una definición amplia de género incluyendo nociones tales como identidad de género u orientación sexual. La limitada y precisa definición de “hombres y mujeres” se decidió para evitar el uso indebido del tratado como un medio para promover agendas sociales controvertidas.
El texto del tratado también excluye “cualquier significado diferente del anteriormente citado”, eliminando de este modo expresamente la noción de una definición abierta de género que incluya orientación sexual e identidad de género.
El borrador inicial de un nuevo tratado sobre crímenes contra la humanidad fue presentado al sexto comité de la Asamblea General hace tres años. Los defensores más potentes del tratado, la Unión Europea y los Estados Unidos, están presionando al comité para que acepte el nuevo tratado y la nueva definición de género. Sigue siendo controvertido puesto que otros países están preocupados sobre las implicaciones del tratado.
Un representante de África dijo que las “legítimas preocupaciones de todos los Estados Miembros no deberían ser ignoradas. Varias delegaciones, incluyendo a Egipto, la Federación Rusa y Pakistán, también se hicieron eco de esa afirmación.
Un representante de la Santa Sede fue mas explícito al urgir a los Estados Miembros a rechazar cualquier intento de redefinir el género.
“Mi Delegación lamenta la decisión del ILC de no incluir en el borrador de los artículos la definición de género contenida en el párrafo 3 del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual forma parte integral de la definición de los crímenes acordados durante la Conferencia de Roma de 1998”, dijo el representante de la Santa Sede. El delegado de la Santa Sede también rechazó la razón proporcionada por la Comisión Legal Internacional para renunciar a la definición de género.
De acuerdo a un informe de la comisión en 2019 la definición de género fue abandonada para dar acomodo a una “cambiante” comprensión del término “género como un concepto construido socialmente (más que biológicamente)”. La comisión citó el trabajo de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional para añadir la orientación sexual e identidad de género como parte de los crímenes “basados en género”, así como las opiniones no vinculantes emitidas a través del sistema de derechos humanos de la ONU.
El tratado está diseñado para complementar el trabajo de la Corte Penal Internacional en La Haya bajo el Estatuto de Roma al requerir a los gobiernos que de manera independiente criminalicen y procesen los crímenes contra la humanidad en sus propios tribunales nacionales. Si se adoptase, el nuevo tratado probablemente será promovido por todo el mundo a través de ayuda financiera, y asesoramiento técnico sobre cómo debería ser aplicado, de agencias de la ONU y gobiernos donantes, incluyendo la Unión Europea y los Estados Unidos.
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Las delegaciones están actualmente negociando una resolución para decidir el futuro del tratado. Se espera una decisión sobre el camino a seguir antes del Día de Acción de Gracias.
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