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Colombianos: ¡Al rescate! (Segunda parte)

Imagen con licencia Pixabay

Por: Luis Alfonso García Carmona

“No existe el socialismo ‘seguro’. Si es seguro, no es socialismo. Y si es socialismo, no es seguro. Las señales del socialismo apuntan cuesta abajo a menos libertad, menos prosperidad, cuesta abajo a más desorden, más fracaso. Si los seguimos hasta su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota”. (Margaret Thatcher)

2.- Salud y seguridad social

El derecho a la salud se elevó a rango constitucional en la Constitución de 1991 y es, en consecuencia, deber del Estado proveer a que los habitantes tengan acceso a condiciones aptas para su salud física y mental. 

Según los resultados del estudio “Rasgos Distintivos de los Sistemas de Salud en el Mundo”, elaborado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), sobre un total de 100 puntos posibles, el país obtuvo 81,5, “lo que lo ubica por encima del promedio global”. Colombia tiene el sexto mejor sistema de salud del continente, por encima del de Estados Unidos (77,76), Argentina (77,42), México (71,45) y Brasil (70,03), entre otros.

En contra de esta realidad incontrastable se ha propuesto el régimen radical de izquierda demoler este sistema de comprobada eficiencia y, en su lugar, regresar al torpe y podrido manejo del servicio de salud por parte de la corrupta burocracia estatal.

Con el más cínico desparpajo ha anunciado el presidente-guerrillero que a través de la suspensión de pagos a las EPS, éstas tendrán que cerrar y sus afiliados deberán emigrar a la única que sobrevivirá, es decir, a la agencia estatal encargada de la salud.   

Mediante la práctica delincuencial del soborno a parlamentarios de diferentes bancadas, eufemísticamente llamado “mermelada”, aspira el camarada presidente sacar adelante esta funesta reforma que privará a muchos colombianos del esencial servicio de atención a su salud.

Para mayor desdicha de la población, el Ministerio de Salud, como máxima autoridad sanitaria del país, ha propiciado una aguda escasez de medicamentos, por lo cual ya la Procuraduría le ha iniciado una investigación. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) denunció que hay registros de 1.242 principios activos que no son fáciles de conseguir en el país.

De otra parte, la Vicepresidenta de la Nación viajó a Cuba dizque para contratar misiones de médicos cubanos, que sólo cuentan con 2 años de capacitación, desconociendo el profesionalismo y la calidad reconocida internacionalmente de nuestros profesionales de la salud. 

La provisión de seguridad social está prevista en los arts. 44 a 50 de la C.P., en los que se consagra un régimen asistencial digno y justo y la prohibición de destinar los recursos de las pensiones a otros fines. 

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La tal reforma pensional no deja de ser un peligroso mito. a) No resuelve ninguno de los problemas estructurales de nuestro sistema pensional. b) Permitirá que el Gobierno se apodere de 20 billones de pesos anuales de los ahorros de los trabajadores para aliviar las necesidades de caja y seguir gastando a manos llenas. c) Termina con la libertad del trabajador para elegir si se afilia a un fondo privado o a Colpensiones. d)  Liquida los fondos privados pues, de una parte, les quita el 88,7% de los trabajadores formales que ganan hasta 3 salarios mínimos y, de otra, otorga al Gobierno el poder de decidir sobre sus inversiones con facultad para obligarlos a tener una rentabilidad mínima. e) Es fiscalmente insostenible pues, según la Anif, el ingreso de 223 mil pesos para 3 millones de ancianos pobres costaría en valor presente $357,7 billones, lo que corresponde a 24,1% del PIB estimado para 2023. f) Generará un descalabro fiscal aumentando en 30,2 puntos del PIB los pasivos del sistema de protección en la vejez, según calcula Fedesarollo. 

3. Empleo y emprendimiento

Asegurar a los habitantes el trabajo dentro de un marco económico justo es uno de los objetivos del Estado según el preámbulo de la Constitución. Entre los fines esenciales del Estado, establece el art 2 de la C.P. “promover la prosperidad general”, y, en el art. 25 ibídem se consagra el trabajo como un derecho que goza de la protección del Estado en todas sus modalidades. 

Cabe, en consecuencia, al Estado la responsabilidad de adoptar disposiciones que estimulen la creación de empleos dignos y justos, eliminen el desempleo y los empleos informales, y promuevan el emprendimiento de nuevas empresas para proveer ingresos equitativos a quienes trabajen por su cuenta. 

Como en todos los demás aspectos, la gestión gubernamental de la camarilla de extrema izquierda que rige nuestros destinos va en contravía de lo ordenado por la Constitución, la Ley y el sentido común.  

  • La creación de empleo anual se sigue desacelerando. El empleo pasó de crecer 3,8% entre enero de 2022 y enero de 2023, a crecer 2,5% (552.000 empleos) entre febrero de 2022 y febrero de 2023. Mediante la reforma tributaria que incrementó los impuestos ahuyentando la inversión, seguirá aumentando el desempleo.
  • Desde la posesión del camarada presidente, el peso colombiano sufrió la mayor devaluación en las últimas dos décadas, contribuyendo a la elevación de los costos de producción y al recorte de puestos de trabajo en muchos casos.
  • Súmese al aumento de impuestos, las alzas en los combustibles y servicios públicos, que alejan aún más las posibilidades de generar nuevos empleos.
  • Se tramita ahora una reforma laboral que ignora la realidad nacional. Tenemos 2.57 millones de desempleados y 12.8 millones de trabajadores informales, que representan el 57,9% de la fuerza laboral. La reforma no aporta una sola medida en beneficio de los desempleados o de los informales. Son 5,4 millones de micronegocios los que resultarán perjudicados con las inconsultas propuestas en materia laboral, lo que ahondará el problema del desempleo. Por ejemplo, se encarece el costo del trabajo nocturno afectando al comercio minorista y al sector de servicios que trabajan en horarios extendidos, aumenta el costo de los despidos, acaba con el contrato sindical que ha permitido la vinculación de mano de obra a través de los sindicatos, desconoce las necesidades de contratar personal por temporadas y, desincentiva la contratación de nuevos trabajadores. Las plataformas de mensajería tendrán que dejar sin trabajo a 80.000 personas. Según Fedesarrollo, es posible que tales propuestas “tengan como consecuencia un aumento en la incidencia del empleo informal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización”. Para la Andi, la reforma aumentaría en 400.000 los desempleados del país.
  • Con las normas introducidas en la reforma tributaria y las que contiene el proyecto de reforma laboral los más perjudicados resultan ser los pequeños empresarios que hoy generan el mayor número de empleos. Queda, de paso, eliminado todo incentivo para el emprendimiento.
  • La gestión del actual gobierno ha obligado a más de medio millón de colombianos a emigrar en el 2022, rompiendo los registros históricos de la CERAC. Ya en eso nos empezamos a parecer a Cuba y Venezuela, países en los que la clase dirigente, los empresarios, profesionales y técnicos tuvieron que abandonar su país en busca de nuevos horizontes.  
Puede leer:  El populista Revilla ‘cazado’ comiendo en el interior de un restaurante cuando el lo prohibe

No hay que perder de vista que la funesta gestión gubernamental en materia de seguridad, salud, empleo y seguridad social no tiene como objetivo dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, sino perpetuar en el poder la camarilla que se lo tomó fraudulentamente, evitar una eventual acción de las fuerzas militares para restablecer la vigencia de la Constitución, pauperizar a la población para convertirla en esclava de la camarilla que ejerce el poder y convertir a Colombia en el mayor narco-estado del mundo bajo el sistema político del “castro-chavismo”.

Los llamados de los aliados del régimen a la convocatoria de una constituyente y las arengas del camarada presidente incitando a la intervención del “poder popular” constituyen un terrorífico anuncio del negro panorama que espera a los colombianos en las próximas décadas. Así iniciaron su calvario “paraísos comunistas” como Venezuela o Chile. 

Nota.- La invitación es para que  continúes leyendo la tercera parte de este texto que aparecerá próximamente.

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Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.

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