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COLOMBIA: El mayor descalabro de nuestra democracia

Por: Luis Alfonso García Carmona

El pasado 19 de junio se cumplió el primer aniversario de lo que ha constituido – sin lugar a la menor duda – el mayor descalabro en doscientos años de historia democrática de nuestro país.

No fue, como algunos despistados compatriotas llegaron a pensar, simplemente la derrota de unos líderes democráticos a manos de un partido de izquierda. Ni sus consecuencias se limitaron al cambio de unas caras por otras en los carros oficiales. No. Para desgracia nuestra, ha sido un torpedo en toda la línea de flotación de esta nave que llamamos democracia.

No obstante los numerosos escándalos que copan nuestra atención día a día, algo más horroroso que estos actos de corrupción está sucediendo: Nuestra amada Patria la están convirtiendo en otra esclava del comunismo internacional ante nuestros propios ojos. 

“…de ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia discutiendo, gobernando, todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular (…) cada asamblea popular reunida periódicamente en todos los municipios debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad para movilizarse de una manera que ya no serán cien mil, doscientos mil, como ahora; esta es apenas la antesala, el preludio (…) la fase que sigue es el gobierno popular (…) las asambleas populares en cada municipio son para gobernar”.

Esto fue lo que dispuso el dictador en su reciente arenga. Estamos, pues, notificados que ya no existe otra autoridad en el país por encima las asambleas del pueblo, al estilo de las más aterradoras dictaduras comunistas.

El Congreso, donde el Pacto Histórico obtuvo una minoría de las curules, hasta ahora le ha funcionado al sátrapa al impulso del más descarado soborno. De ahora en adelante, se someterá a lo que manden las llamadas asambleas populares.

La Fuerza Pública, bastión de la democracia en el pasado, está ahora sometida a la máxima capitis deminutio, después de sufrir el despido de su cúpula militar, la limitación de sus funciones, el cambio de su misión, y la reducción de sus recursos.

Será remplazada por irregulares colectivos al servicio de la tiranía como los guardias indígenas, los gestores de paz, la guardia campesina, que no son otra cosa que milicianos al servicio del régimen, como en los demás países de la órbita comunista.  

Se disfraza toda esta revolución marxista con rimbombantes expresiones como la de la paz total, que simplemente es la compensación de impunidad y beneficios a los terroristas, vándalos, narco-traficantes  y políticos corruptos que apoyaron la campaña presidencial del guerrillero ahora en el poder.

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Como podemos colegir, no estamos solamente ante un problema electoral que se pueda corregir en unas elecciones locales como las que se aproximan. Está bien que en cada municipio nos unamos con quienes se comprometan a la resistencia contra la dictadura. 

Puede leer:  COLOMBIA: Sin estrategia ni liderazgo

Pero, desde ahora, debemos adoptar soluciones drásticas que nos lleven a atajar la toma comunista de Colombia que ya se ha iniciado en forma tan acelerada. No encuentro sino una fórmula consistente en:

1.- Apoyar la denuncia formulada por el Dr. José Manuel Abuchaibe para que se inicie juicio político contra Petro y se le destituya por violación de los topes financieros en la campaña. Recientemente aparecieron otras grandes sumas gastadas en la contratación de un asesor español y 90.000 testigos electorales y la confesión del hombre de confianza de Petro, Armando Benedetti, amenazando con descubrir el sucio origen de los 15.000 millones de pesos que él mismo consiguió para la campaña.

2.- Creación de un gran movimiento mediante alianzas estratégicas con todos los grupos que trabajan en la resistencia al régimen, para preparar desde ahora la presentación de candidato único a la Presidencia y listas unificadas para el Congreso.

3.- Un Plan B, en el caso de que ni el Congreso ni las instituciones judiciales y de vigilancia cumplan con su deber constitucional, para paralizar el país hasta que caiga el régimen totalitario y comunistoide que asaltó fraudulentamente el solio de Bolívar. 

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Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.

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