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Los países ricos utilizarán los alimentos como arma contra el género

(C-Fam) El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial adoptó una serie de directrices de género que convierten la salud sexual y reproductiva y las políticas interseccionales en un componente de la seguridad alimentaria nacional e internacional.

El órgano diplomático responsable de la seguridad alimentaria adoptó esta semana las nuevas directrices tras casi cuatro años de tensos debates, a veces enconados. Los países tradicionales lucharon con éxito para eliminar de las directrices las referencias al aborto y a las cuestiones homosexuales/trans, incluidas las referencias a “la orientación sexual y la identidad de género”,  pero no pudieron eliminar los términos más ambiguos “salud sexual y reproductiva” y “formas múltiples e interrelacionadas de discriminación”, que los países progresistas utilizan habitualmente para promover el aborto y las políticas homosexuales/trans.

Estas directrices se utilizarán en los programas del Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otros organismos de la ONU relacionados con la seguridad alimentaria. La inclusión de términos ambiguos en las directrices permitirá a los países ricos progresistas y a las agencias de la ONU aprovechar los programas alimentarios internacionales para imponer el aborto y las cuestiones homosexuales/trans.

Además de eliminar los términos más controvertidos, las delegaciones tradicionales también consiguieron añadir varios párrafos que afirman las prerrogativas soberanas de los países para aplicar las directrices. Queda por ver la eficacia de tales advertencias.

Varias delegaciones progresistas lamentaron que las directrices no se refirieran expresamente a cuestiones homosexuales/trans. Al mismo tiempo, también destacaron estas directrices como un logro progresista general.

Un representante de la Unión Europea, hablando durante la adopción de tales directrices, declaró la intención de la UE de hacer operativas las directrices de género en sus políticas internas y externas de seguridad alimentaria.

“Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas es una prioridad de la Unión Europea.  Por lo tanto, estamos dispuestos a utilizar estas directrices voluntarias y a apoyar la difusión, el uso y la aplicación de las directrices en el desarrollo, la mejora y la aplicación de las políticas de la UE a nivel regional y nacional, así como en las acciones exteriores de la UE”, declaró.

Reconoció que las directrices no son vinculantes y que cada país las aplicará en función de sus prioridades nacionales, pero subrayó que, no obstante, deben ir en la “dirección trazada” por las mismas.

Una representante de ONU Mujeres, que intervino durante la adopción de las mencionadas directrices, las calificó de “herramienta normativa crucial” y dijo que “transformarán” la seguridad alimentaria.

Un representante de Colombia fue más allá y dijo que las directrices de género formaban parte de un esfuerzo más amplio por utilizar el concepto de género para realizar un “cambio profundo en la forma de entender la sociedad”.

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El delegado de Indonesia, hablando en nombre de Argelia, Camerún, Kuwait, Malasia, la Federación Rusa, Sudán y Senegal, expresó su decepción por el uso de los controvertidos términos.

“A pesar de los esfuerzos por construir unos elementos acordados universal y consensuadamente, las directrices voluntarias contienen un concepto que no refleja necesariamente el consenso universal de todos los Estados miembros”, dijeron en referencia a las “múltiples e intersectoriales formas de discriminación”.

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Un delegado de Malasia declaró ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que se sentía “obligado” a expresar una reserva sobre términos tan ambiguos. Hizo hincapié en que estos términos deberían evitarse en el futuro.

“Es importante garantizar que las terminologías utilizadas en cualquier negociación futura reciban el consenso de todos los Miembros”, afirmó.

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The Center for Family and Human Rights (C-Fam). C-Fam was founded in the summer of 1997 in order to monitor and affect the social policy debate at the United Nations and other international institutions.

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