¿Tenemos los gobernantes que nos merecemos, acaso hemos cometido algún pecado por el que tengamos que purgar, o tal vez nuestros ancestros?

Por Carlos Aurelio Caldito Aunión

¿Tenemos los gobernantes que nos merecemos, acaso hemos cometido algún pecado por el que tengamos que purgar, o tal vez nuestros ancestros?

En las últimas semanas han sucedido en España algunas cosas más que el espectáculo montado por Carolina Bescansa y sus correligionarios en el Congreso de los Diputados, o la cesión de varios senadores a los separatistas catalanes por parte del PSOE, o la sanción que han recibido el Real Madrid y el Atlético de Madrid por contratar ilegalmente a jugadores jóvenes…

Generalmente los medios de información suelen hacerse eco de lo que ocurre en la Taifa Hispánica del Suroeste, junto a la “Raya”, también conocida como “Comunidad Autónoma de Extremadura”, cuando por allí ocurren cosas escabrosas, esperpénticas, o de las que algunos llaman “la España profunda”. Es por ello que lo poco que se habla de Extremadura suele pasar desapercibido, o sale casi de tapadillo en los diversos medios de información. Esta última semana Extremadura ha salido en “los medios”, una vez más, por tener lo que otros no quieren -¿O quizá sí?-

Extremadura encabeza el ranking de las taifas hispánicas en cuanto al número de funcionarios respecto del total de su población activa: En España la media de funcionarios respecto del total de la población empleada apenas supera el 14%, mientras en Extremadura uno de cada cuatro empleados es funcionario.

Extremadura también está la primera de la fila en número de empleados públicos respecto del número de habitantes: nueve de cada cien extremeños trabaja para alguna de las administraciones, sea local, provincial, regional o nacional; siendo la media, en el resto de España, la mitad.

A todo ello hay que añadir que Extremadura, con apenas un millón de habitantes, es también la taifa hispánica donde la población está más envejecida, y donde existe menor natalidad. También es destacable que Extremadura, junto con Andalucía y Canarias son las regiones donde mayor es el número de desempleados, respecto de quienes están en edad de trabajar: 30%, 34% y 32% respectivamente. Ni que decir tiene que las tres taifas hispánicas también tienen el dudoso honor de encabezar el ranking de la Unión Europea en cuanto a número de parados respecto del total de personas en edad de trabajar.

Extremadura -¡Faltaría más!- es la única taifa hispánica que recibe trato preferente de la Unión Europea, por estar su PIB por debajo del 75% de la media de la U.E.; motivo por el cual es la única en España que recibe dinero del llamado fondo de cohesión…

Por supuesto, Extremadura es también una de las taifas con mayor fracaso escolar y mayor número de personas que abandonan los estudios primarios de forma prematura: nada menos que el 30% de alumnos no acaba sus estudios en Extremadura.

En fin, podría seguir y hacer una lista interminable de asuntos por los que Extremadura destaca y que nadie desea para sí mismo… Y, mientras tanto, los políticos del partido único multimarca, del consenso socialdemócrata, dedica el tiempo en la Asamblea de Extremadura a aprobar leyes que lastran aún más la economía de la región, a la vez que van en la dirección de hacer la vida de sus habitantes peor de lo que sería deseable.

La penúltima ocurrencia ha sido promover la modificación de la Ley de Comercio de Extremadura, con la oposición del Grupo Popular.

En Extremadura, no se olvide, gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos. El número de días festivos de apertura del comercio regional es el punto principal de desacuerdo entre PSOE y PP, ya que mientras que el Grupo Socialista defiende reducir a diez días festivos de apertura al año, el Grupo Popular propone que se pueda abrir dieciséis.

Los socialistas extremeños dicen que la intención es la de “acabar con las jornadas abusivas, con los contratos precarios” que ocasionan los negocios que abren los días festivos; y añaden que “la denominada liberalización de los horarios comerciales no es otra cosa que la falta de regulación del sector”, que se resume en la frase “sálvese quien pueda” y que en tales casos siempre “suele ganar el más fuerte”.

Igualmente, el portavoz socialista ha señalado el “carácter marcadamente rural del comercio extremeño”, y ha instado a los parlamentarios regionales a “poner la mirada en el comercio de proximidad que se da en los barrios” y en los comercios de los cascos históricos.”

Mientras tanto, el Partido Popular alerta del riesgo de “aislamiento comercial” si la las normas extremeñas respecto del comercio son diferentes de las leyes nacionales y europeas; aislamiento que vaticina que acabará produciendo una bajada de las ventas, pérdidas de empleo y perjuicios a los consumidores.

Llama poderosamente la atención que la preocupación del PSOE sea la de que se pierdan las subvenciones que el Estado otorga a las zonas de gran afluencia turística.

Después de añadir que cerrar las puertas de las grandes superficies comerciales no ayudan al pequeño comercio, el Partido Popular, en su habitual incoherencia, que le conduce a defender una cosa y la contraria, ha afirmado por boca de su portavoz que “Nosotros no queremos una liberación total del comercio, pero tampoco queremos un aislamiento de Extremadura”.

Podemos ha afirmado que no apoya la propuesta del PP “porque apoyarla supondría cerrarle la boca al sector”; los seguidores de Pablo Iglesias han dicho que es mejor “esperar a escuchar las comparecencias del sector” en comisión en la Asamblea, para a partir de ahí, fijar la posición sobre este asunto del Grupo Parlamentario de Podemos.

¡Huelgan comentarios!

Bueno, no: hay que ser incompetentes, o golfos y corruptos, para no haberse dado cuenta después de décadas de intervencionismo de que, para crear riqueza no se deben poner obstáculos, boicotear a lo que ahora llaman “emprendedores”, pues son los únicos que pueden crear empleos, pues la administración, sea local, provincial, regional o nacional no crea empleo productivo.

Cuando estoy redactando este texto, me llegan noticias de que la empresa Altadis ha decidido cerrar la única fábrica de cigarrillos que aún mantenía abierta en España, concretamente en la Rioja. Extremadura es su máximo proveedor, pues es en esta región donde se cultiva más del 95 por ciento del tabaco nacional. El cierre de la fábrica de Altadis afectará nada menos que a las más de 20.000 familias que se dedican al cultivo de tabaco en la comarca del Campo Arañuelo y en las Vegas Altas del Guadiana, aparte de los jornaleros que trabajan en la recolección, y demás implicados… Por supuesto, el cultivo del tabaco extremeño está subvencionado tal cual se hace con el carbón en Asturias, León y Teruel, pongo por caso…

Ésta es otra cuestión que lastra la economía extremeña: los diversos gobiernos –intervencionistas- conceden trato de favor o situaciones de tal privilegio a determinadas actividades y empresarios que se dan situaciones de monopolio de facto. Estamos hablando de una economía al fin y al cabo, ficticia y no productiva. En la taifa extremeña son infinidad las pequeñas y medianas empresas, y también las grandes, que reciben subvenciones a fondo perdido, sea en forma de ayuda para equipamientos e instalaciones, sea para pagar salarios y seguridad social, sean créditos blandos… evidentemente solamente estas empresas se pueden permitir contratar con la administración regional, provincial o local la prestación de bienes y servicios, solo ellas pueden permitirse el lujo de aplazar pagos sine die, lo cual es una competencia desleal con respecto a las iniciativas empresariales no subvencionadas… Por supuesto, muchas de esas empresas ficticias acaban cerrando cuando se les acaban las subvenciones, y lógicamente enviando a los trabajadores al paro, o sea a otra forma de subsidio…

¿Y por donde habría que empezar para acabar con este círculo vicioso, perverso que alguno que lea estas líneas dirá que no es exclusivo de Extremadura, y que mi análisis es extrapolable al resto de España?

Pues muy sencillo: aplicando el principio de “mínima intervención”, promoviendo la máxima neutralidad de la Administración en todos sus ámbitos, local, provincial, regional, nacional; generalizando la idea de que el mejor gobierno es la mínima expresión del mismo, que se limite a perseguir las diversas formas de delincuencia, proteger a los ciudadanos de posibles agresiones del exterior, proteger la propiedad privada, la libre iniciativa privada, siempre que no implique atentar contra la integridad de otros, o intentar abusar, o intentar esclavizar… y por supuesto, vigilar para que se cumplan los pactos y contratos entre particulares. Y por supuesto, la supresión completa de todo tipo de subvenciones, incluyendo a las organizaciones sindicales, patronales y partidos políticos.

Y, por otro lado:

¿Alguien está dispuesto a cambiar la organización territorial del Estado, o la forma de financiación de las diversas regiones, o a meterle mano al sector energético, o hacer una reforma laboral medianamente decente, o promover un nuevo sistema de pensiones, o eliminar los privilegios de los colegios profesionales, o eliminar trabas burocráticas inútiles, o promover la innovación y el crecimiento empresarial en lugar de seguir subvencionando estúpidamente a las dichosas PYMES?

Sigo insistiendo, por enésima vez: Es hora de regeneración, es hora de que un cirujano (o un equipo médico de urgencia) haga algo, y lo haga ya, sin más aplazamientos. No caben pretextos de ninguna clase, el pueblo español no se lo merece; no podemos seguir aceptando, como si fuera inevitable, de forma fatalista aquello de “tenemos los gobernantes que nos merecemos”.

¿Acaso hemos hecho algo por lo que tengamos que purgar, o tal vez nuestros ancestros?

España necesita reformas, necesita profundos cambios; y los cambios no vendrán con más estado, más políticas socialdemócratas, más políticas intervencionistas, más burocracia, más despilfarro, pese a que una gran mayoría de los españoles así lo piense; no vendrán con una legislación y una forma de gobierno que espantan las inversiones, en lugar de recibirlas con los brazos abiertos, con una legislación y una forma de gobierno que no fomenta la apertura al comercio exterior, con leyes y formas de gobierno que distorsionan la realidad, que distorsionan las estadísticas para engañar a la ciudadanía, aunque lo hagan cínicamente con “talante” a la vez que con ausencia de talento.

No se olvide que los regímenes liberal-democráticos –no populistas-poseen un mayor nivel de bienestar y de crecimiento, son previsibles e infunden más confianza. Por eso nos vamos quedando en el vagón de cola, en el “trasero del mundo”, pese a las enormes potencialidades que seguimos manteniendo inactivas por responsabilidad del modelo populista pseudoprogresista que hipnotiza, esclaviza y embrutece.

 

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