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El CGPJ apoya a los magistrados catalanes acosados

Así han dejado la entrada de la vivienda que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene en Sant Cugat del Vallés (Barcelona)./Alejandro García (EFE)

El pasado 15 de noviembre la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad una declaración en apoyo del Juez Pablo Llanera, y el resto de jueces que están siendo perseguidos por el totalitarismo nacionalista catalán.

En su declaración y en relación a la agresión sufrida el pasado 14 de noviembre en la población de Sant Cugat del Vallès, en los que un grupo organizado de enmascarados atacaron la casa del Magistrado del Tribunal Supremo D. Pablo Llarena Conde y de la Magistrada Dª Gema Espinosa Conde mientras se encontraba en el interior uno de sus hijos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder por unanimidad manifestó:

«Primero. Su más absoluto rechazo al ataque sufrido por los dos Magistrados y su familia, y al ataque que con ello se ha perpetrado también contra todos y cada uno de los Jueces y Magistrados que prestan servicio en Cataluña.

Segundo. Su más absoluto rechazo frente a las expresiones de apoyo a esas conductas criminales y a quienes las están alentando.

Tercero. Su más absoluto rechazo frente a toda conducta de intimidación que pretenda dirigirse contra los Jueces y Magistrados que prestan servicio en Cataluña.

Cuarto. Su manifestación de aliento y compromiso con los Jueces y Magistrados que sirven en Cataluña, y su reconocimiento más firme y sincero por la labor constante, callada y meritoria que prestan día a día en beneficio de la comunidad.

Quinto. Instar a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña para que de inmediato adopten todas las medidas para la persecución de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos.

Sexto. Instar a las autoridades competentes en materia de seguridad para que adopten las medidas de protección adecuadas y efectivas de las personas y los bienes de los Magistrados atacados.

Séptimo. Instar a las autoridades competentes en materia de seguridad para que de manera planificada adopten las medidas de protección adecuadas de los Jueces y Magistrados que prestan servicio en Cataluña”.

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