Historia

Miembros de justicia asesinados bajo el gobierno de la II República (I)

Ministros, magistrados, jueces de instrucción ... asesinados por la II República

“Los republicanos españoles creyeron que la sociedad y el Estado se habían convertido a la democracia y a la República, y no emprendieron purgas ni depuraciones

(Santos Juliá Díaz, “Un siglo de España. Política y sociedad”,  pág. 145)


Todos los políticos, y sus historiadores complacientes, han modificado la historia para el gusto de quien los patrocina, y muchas veces no son tan solo los políticos, sino empresarios con planes de reorientar  sus orígenes. Muchos lectores recuerdan la memorable obra “1984”, escrita por George Orwell, en la que cuenta como un gobernante totalitario vivía constantemente modificando la historia  para acomodarla a sus intereses de dominio y sojuzgamiento de  sus gobernados. Lo cierto es que, en este siglo XXI, los ideólogos del oficialismo nos quieren presentar una nueva historia, bajo el alegato de que lo existente es una versión sesgada por la influencia de grupos conservadores nacionales, que han influido en el desarrollo de las creencias históricas, olvidando que, como dice John Elliott, la  “manipulación y la deformación de la historia es la que ha causado tantos problemas».

Una de las muchas manipulaciones surge al afirmar que la República no emprendió purgas ni depuraciones. Las hubo. En todos los ámbitos, también en el mundo que nos ocupa, la judicatura y lo que es peor, produjeron gran cantidad de torturas y asesinatos de los que, por supuesto, nada dicen. Se habla siempre de la rebelión que se produjo el 18 de julio, como originada por la barbarie de unos militares contra una pacífica República; nunca explican las torturas y asesinatos que, con anterioridad, venía causando la actitud beligerante que mantenían sindicalistas y políticos marxistas españoles, azuzados por el histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la UGT, Francisco Largo Caballero quien ya en 1931, siendo Ministro de Trabajo y Previsión Social, ante la posibilidad de que las Cortes se disolviesen por no tener mayoría, amenazó:

Ese intento sólo sería la señal para que el PSOE y la UGT lo considerasen como una provocación y se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No puedo aceptar la posibilidad, que sería un reto al partido, y que nos obligaría a ir a una guerra civil”.[1]

Desde el inicio de la II República se cometieron actos vandálicos como el destrozo de la estatua ecuestre de Felipe III, arrancada y arrastrada por la plaza mayor de Madrid. Se conoce como quema de conventos la ola de violencia anticlerical contra edificios e instituciones de la Iglesia católica ocurrida entre los días 10 y 13 de mayo de 1931 en España, pocas semanas después de haberse proclamado la Segunda República. Los jerarcas republicanos convocaron manifestaciones y algaradas callejeras, aparentemente con la intención de celebrar un triunfo que todavía no había sido corroborado por la documentación electoral, pero cuyo verdadero objetivo era amedrentar a las escasas fuerzas monárquicas. Los disturbios comenzaron en Madrid durante la inauguración del Círculo Monárquico de la calle de Alcalá y rápidamente se extendieron por otras ciudades del sur y el levante peninsular. Alrededor de cien edificios religiosos ardieron total o parcialmente aquellos días, se destruyeron objetos del patrimonio artístico y litúrgico, se profanaron algunos cementerios de conventos y varias personas murieron y otras resultaron heridas. Solo en el incendio de la Casa Profesa de los jesuitas en la calle de la Flor Baja se perdieron para siempre ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca o Saavedra Fajardo; no en balde su biblioteca en aquel momento estaba considerada la segunda mejor de España con más de 80 000 volúmenes, entre ellos incunables irreemplazables. De la biblioteca del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) en la calle Alberto Aguilera se perdieron para siempre 20 000 volúmenes de su biblioteca. Toda la obra del P. García Villada entre ella sus libros particulares, colección Razón y Fe, papeles y todas las fichas. También se perdieron más de 100 000 copias de canciones populares recopiladas por el P. Antonio Martínez.

No contento con la situación en que parecía desembocar España, Largo Caballero reiterará la misma idea de la guerra civil en un mitin en Alicante el 19 de enero de 1936:

Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos” [2]

Y tras la victoria del Frente Popular, el 24 de mayo de 1936 afirmó en Cádiz:

Cuando el Frente Popular se derrumbe, como se derrumbará sin duda, el triunfo del proletariado será indiscutible. Entonces estableceremos la dictadura del proletariado, lo que…quiere decir la represión…de las clases capitalistas y burguesas[3].

Así fue. Con la formación del Frente Popular, la criminalidad empieza a desbordar el territorio republicano. Comienzan los asesinatos indiscriminados de religiosos, falangistas, derechistas… Unas veces se apela a consignas ideológicas, sin embargo en muchos casos la criminalidad obedecía al deseo de enriquecerse, de saldar viejas cuentas, de venganzas de vecindad… Poco se sabe de la autoría de estos asesinatos, ya que los asesinos difícilmente actuaban en su localidad, ya que se daba un intercambio de ‘servicios’. Para explicar la autoría se ha recurrido a la figura del ‘incontrolado’, muchos pertenecientes al lumpen proletariado, y a los liberados tras la apertura de las cárceles después del 19 de julio. También es cierto que en algunos casos los militantes de las centrales sindicales y de los partidos de izquierdas practicaron la cirugía social, deshaciéndose de la forma más cruel de su adversario político, e incluso de sus propios correligionarios[4]. Por doquier empiezan a constituirse comités, tribunales revolucionarios, se abren las

cárceles para, siguiendo las directrices del “Lenin español”, obedecer su orden de comenzar con la represión de las clases capitalistas y burguesas. Todo ello con la actitud cómplice del gobierno republicano mirando para otro lado.

Se comprende que los NO frentepopulistas, se sintieran directamente amenazados por estas élites gobernantes y, cuando vieron que a un diputado como Calvo Sotelo, todo un símbolo para ellos, lo sacaban de madrugada de su casa, le descerrajaba un tiro en la nuca el pistolero Luis Cuenca, guardaespaldas del entonces líder del partido socialista Indalecio Prieto y lo dejaban tirado ante el cementerio, entonces llamado del Este. Aquellos gritaron ¡¡Basta Ya!! La situación era tal que, cuando el 19 de julio de 1936 se produce la rebelión, muchas personalidades, entre ellos, magistrados, estaban informados de la posibilidad del golpe de estado porque era un secreto conocido por todos, aunque pocos sabían qué fuerzas y autoridades lo secundarían.

Entre julio y diciembre de 1936, no se percibe la autoridad del Estado. El poder lo tuvo quien dominaba la calle, o sea, quien disponía de armas, poder que se prolongó bastante tiempo, hasta el punto que en el mes de mayo de 1937 Manuel de Irujo Ollo, nacionalista vasco, al tomar posesión del cargo de ministro de justicia, afirmó contundentemente: “En adelante, no existirá en la República otra norma de aplicación que la ley ni más poder que el Gobierno”. De Irujo fue mucho más allá en aquella coyuntura política en la que tan gravemente se violaban los más elementales derechos humanos: “Nadie está investido de la facultad de juzgar, fuera de los tribunales. La función judicial es la máxima garantía del respeto impuesto para la vida y la libertad de los ciudadanos. Quien falte a esta consigna será detenido, puesto en prisión y condenado como enemigo de la República[5] Buenas intenciones, pésimos resultados, porque los asesinatos siguieron produciéndose entre todas las clases sociales.

En este ambiente de ruptura política, de criminalidad y de falta de respeto a la ley, la judicatura vivía inquieta su futuro. En los primeros días, la magistratura no se pronuncia sobre el golpe de estado, ni toma partido públicamente, intenta pasar desapercibida, ya que desconoce cómo se ha desarrollado la rebelión en el resto del país. Las autoridades se inclinaron por no suprimir la Administración de Justicia porque hubiera sido visto a nivel interno e internacional como una ruptura del Estado de Derecho que decía encarnar la República; además tenían el precedente de la desintegración del ejército con el consiguiente desorden que comportó. Consciente de que gran parte de la judicatura no era lo que ahora se conoce como políticamente correcta, desconfiaba de ella y desde el 19 de julio la República invistió a otra procedente de la abogacía y plenamente identificada con la lucha antifascista, es decir, no  con la Ley, sino con lo políticamente correcto.

Aquellos que no se sometían a esos dictados, bien por pertenecer a partidos de derecha, practicar la religión (los “misaires” que llamaban en Cataluña) o simplemente por estar en desacuerdo con la barbarie desarrollada por las izquierdas, tenían un problema. Comenzó la represión y por ello, verán su futuro con temor que será confirmado con los primeros asesinatos de jueces y fiscales. En Madrid, por ser la acción directa el medio típico de represión, la actuación de los Tribunales populares cobra poco relieve. No obstante, se produce algún caso bochornoso para la Justicia del Frente Popular, organizada por el Gobierno marxista de acuerdo con disposiciones legales de urgencia dictadas por el mismo, que llama para ejercer la función judicial a las fuerzas políticas y sindicales, pública y calurosamente elogiada en la Prensa madrileña por el abogado Ángel Ossorio y Gallardo, antiguo político conservador.

En estos momentos en que España está pendiente de la sentencia por el juicio de los separatistas catalanes y observa con preocupación las presiones a que vienen sometidos jueces y fiscales por la posibilidad de indulto a los políticos presos, los autores de las fechorías del 1-O, recordamos a aquellos compañeros suyos que, por actuar conforme a derecho, fueron masacrados por no atenerse a las consignas del poder durante la II República ya fueran ministros, magistrados, o jueces de primera instancia.

***MINISTROS y  MAGISTRADOS 

Rafael Salazar Alonso[6], Ministro republicano que había desempeñado la cartera de Gobernación al sustituir al dimitido Diego Martínez Barrio. A finales de la primavera de 1936 mantuvo un decidido enfrentamiento con la flamante Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de obediencia ugetista, a consecuencia de la huelga general que aquélla iba a declarar para impedir la recolección de la llamada “cosecha del siglo”.  La huelga fue calificada por Salazar Alonso de revolucionaria y no era exageración por cuanto en el país había penuria de productos básicos como el pan y dejar la cosecha sin recoger era un verdadero crimen que, además afectaba mucho más gravemente a las clases más menesterosas. Las izquierdas y los sectores sindicalistas no quisieron entenderlo y la huelga se saldó con una gran represión gubernamental y el desmantelamiento del sindicalismo agrario rural encargado por (FNTT). ​ Estas políticas, según ellos, «reaccionarias»​ le convirtieron en una persona muy odiada entre las izquierdas y sectores sindicalistas y lo peor fue que le costó  su salida o expulsión de la masonería, acusado de “traición a su espíritu”. Posiblemente esta retirada de su apoyo en un Gabinete y Congreso en los que predominaban los afiliados a la secta, precipitaron su condena a muerte por su presunta participación en la sublevación militar y ejecutado al día siguiente en la Cárcel Modelo de Madrid.

No importó en absoluto que las pruebas de su implicación en la sublevación fueran inexistentes, hecho que fue señalado en su momento por el socialista Indalecio Prieto, quien reconoció que solo la presión popular impidió que el gobierno le conmutara la pena de muerte, aunque empeñados en vengarse de él, quizá no hubiera servido la conmutación de la pena pues tres reos sentenciados a muerte en Madrid, y aparentemente indultados por el Gobierno del Frente Popular, fueron extraídos inmediatamente de la Cárcel Modelo y asesinados sin ningún respeto al indulto. Así se aplicaba la justicia durante la II República.

Ramón Alvarez Valdés, ex Ministro de Justicia de la República, nació en Pola de Siero en 1886. ​ Ocupó la cartera de Justicia entre el 16 de diciembre de 1933 y el 17 de abril de 1934, ​ en los gabinetes que presidió Alejandro Lerroux.​ Durante su período al frente del Ministerio de Justicia protagonizó dos causas que le hizo ganarse la enemistad de republicanos e izquierdistas: Una, la aprobación de la amnistía al general José Sanjurjo y a los otros condenados por su participación en el Golpe de Estado de agosto de 1932. La segunda, que fue motivo de un agrio debate parlamentario, se produjo

al negarse a apoyar a los capitanes Galán[7] y García Hernández, héroes de la República fusilados por la monarquía en 1930, y que acabaría provocando su dimisión como Ministro de Justicia. Fue arrestado por las autoridades republicanas, encarcelado y, finalmente, en la noche del 22 al 23 de agosto de 1936, asesinado en la cárcel Modelo por milicianos que habían ocupado la prisión.

Marcelino Valentín Gamazo,  (Arechavaleta, Guipúzcoa, 14 de agosto de 1879- El Cerrajón –Tébar (Cuenca), 6 de agosto de 1936) Secretario de los Colegios de Abogados de Madrid en tres ocasiones, Decano de los abogados del Estado. En noviembre de 1935, a propuesta del ministerio de Justicia, el presidente de la Segunda República española (desde diciembre de 1931 a abril de 1936), le nombró Fiscal General del Estado en cuyo puesto emprendió en el Tribunal Supremos la causa contra el socialista Francisco Largo Caballero como cabecilla de la Revolución de 1934, por el que pidió treinta años de reclusión mayor y penas accesorias. Por su parte Jiménez de Asúa pidió la absolución de su defendido. El proceso tuvo un amplio seguimiento en toda la prensa. El 30 de noviembre se conoció la sentencia que absolvió a Largo Caballero de todos los cargos por falta de pruebas y salió de la cárcel pocos días después. Gamazo presentó su dimisión inmediatamente en protesta de la sentencia, siéndole admitida el 24 de diciembre de 1935. Ocho meses después fue golpeado y apresado por un grupo de milicianos frentepopulistas el 5 de agosto del 36 en su casa de la pedanía de El Cerrajón (Cuenca) y asesinado esa misma noche junto a tres de sus hijos: José Antonio y Javier también abogados y el menor, Luis de 17 años, aún estudiante. Los anticlericales encontraron otros motivos en contra, como era que fue piadoso cristiano miembro de Acción Católica y de los Caballeros del Pilar y participó en la reorganización de la Congregación de San Ivo patrón de los abogados, hechos para ellos tan graves como atreverse a acusar al Lenin español.

Salvador Alarcón Horcas,  (Baena-Madrid, 13 de agosto de 1936) Juez y Fiscal en Sevilla, destacando como instructor del caso del famoso incendio y, posterior saqueo, de la Iglesia parroquial de San Julián en Sevilla[8] (1932), en la oleada anticlerical de la II República. Al comienzo de la Guerra Civil, cuando era Magistrado del Tribunal Supremo de la Segunda República, el diario madrileño de ideología marxista Claridad publicó que Salvador Alarcón Horcas ejerció dos años antes como Juez especial en el sumario seguido contra Azaña, por su implicación en el sumario instruido por el alijo de armas de San Esteban de Pravia, junto a Indalecio PRIETO, Juan NEGRIN, Ramón GONZÁLEZ PEÑA y Amador FERNÁNDEZ “AMADORIN que por un importe de medio millón de pesetas, iban cargadas en el barco TURQUESA para apoyar la insurrección de la Revolución de Asturias[9]. Según ABC de 18 de enero de 1935, dicho contrabando de armas “estaba autorizado por el gobierno que presidió el declarante”(Azaña). Unos días después, el 13 de agosto de 1936, Alarcón es detenido por miembros del Frente Popular y posteriormente asesinado en la Casa de Campo de Madrid.

Ángel Aldecoa Jiménez, Magistrado de Audiencia Territorial. En 1923, que es el año en que Primo de Rivera implanta la Dictadura, renuncia al rectorado. Respecto a la perdida democracia, dirá, años después, que España «al cabo de un siglo de régimen constitucional aún no ha acertado a comprender lo más elemental de su esencia, y suavemente se lo dejó arrebatar en nuestros días». Todos estos pareceres podrían explicar otra aparente paradoja, y es que, al advenimiento de la República, el propio Ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, pone al catedrático tradicionalista en la presidencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Cuando le detuvieron era Presidente de la Audiencia de Almería. Fue entregado por la Dirección General de Seguridad a la checa de Fomento, checa que decretó su asesinato, por su actuación en el juicio celebrado con motivo del atentado perpetrado por el PSOE en el que salía muy comprometido Largo Caballero , «el Lenin español». El juez pagó cara su profesionalidad e independencia frente a los socialistas.

Jesús Arias de Velasco Lúgigo . Catedrático excedente, fue sacado de su cátedra por un Gobierno Azaña para nombrarlo Magistrado del Tribunal Supremo ó de la Audiencia de Madrid, por orden ministerial de 22 de marzo, 1933. Miembro de la Derecha liberal republicana (1930), vocal del Tribunal Supremo; era presidente de la Sala de lo Contencioso en el TS en julio 1936. No se recataba de manifestar su discrepancia con los últimos gobiernos de la república. Católico ferviente, fue asesinado en Vicálvaro en 28 de septiembre, a pesar de lo cual se le formuló pliego de depuración que se tramitó posteriormente, naturalmente sin audiencia del interesado inhabilitándolo el 28 de septiembre de 1937, justo un año después de ser fusilado junto a una hija y un hijo, por no adherirse al gobierno. Posteriormente se le librará póstumamente de todo cargo con pronunciamientos favorables: Orden de 30 de septiembre, 1938. Se le reintegraron sus derechos dos años después de haber sido asesinado.

José María de Olalde de Satrústegui nació en Barcelona en 1870. Presidente de la Sección Segunda de la Sala Segunda de la Audiencia de Barcelona Su última actuación como magistrado fue la instrucción por el supuesto suicidio del P. Constancio González López que huido de Malgrat, se había refugiado en una pensión en Barcelona. Alguien de la pensión debió delatarlo. Una patrulla de control fue a su habitación y lo precipitó al vacío. En otras palabras: lo suicidaron. Para limpiarse las manos de aquel asesinato alguien denunció, antes de que sucediera, que ese hombre se había suicidado. El caso quedaría sobreseído y nadie podría implicar a la represión esa muerte, pues habría sido un acto voluntario.

Según consta en el sumario, José María de Olalde se negó a cerrar la causa y pidió nuevas diligencias. Al parecer no se creía la versión de la muerte del Padre Constancio. Tal y como puede leerse: “se revoca el auto de terminación del sumario y devuélvase este al Juez instructor para que proceda a la práctica de las diligencias interesadas”. Esto sucedía el 17 de diciembre de 1936. Con fecha 24 de febrero de 1937 se concluyó el sumario “sin que a pesar de las diligencias sumariales practicadas se haya justificado debidamente la perpetuación del delito que dio origen a la incoación del presente sumario”. Dicha decisión no satisfizo a los anarquistas que ya dirigían la represión en Cataluña. Ellos querían que se cerrara el proceso afirmando que el Padre Constancio se había suicidado. Se quería proteger a los autores del asesinato. Olalde debió conocer este fin de los anarquistas y al no acceder a sus pretensiones, actuaron contra él.  El 4 de marzo de 1937 fueron detenidas en el domicilio del magistrado él mismo y sus hermanos Federico, Enrique y Fernando además de una muchacha del servicio, Josefa Santamaría García, por cinco individuos que iban en un coche que llevaba la bandera republicana y un cartel que decía Policía. El cartel era falso, los captores pertenecían a la patrulla de control que tenía su sede instalada en la terrible checa de San Elías, bajo las órdenes de Aurelio Fernández. Eran los dueños de la calle y nadie se atrevía a señalarlos o practicar detenciones. ¿Qué le ocurrió a José María de Olalde? Aquel mismo día 4 de marzo de 1937, sin pasar por ningún centro de detención fue conducido al cementerio de Montcada i Reixach. En el coche lo acompañaban sus hermanos Federico, Enrique y Fernando y Josefa Santamaría García. Todos ellos fueron asesinados aquel mismo día. La culpa de José María Olalde era no haber accedido a las pretensiones de los anarquistas. La de sus hermanos pertenecer a la familia Olalde-Satrústegui. Y la de Josefa Santamaría ser la criada de esos señores. Este es uno de los muchos ejemplos de la verdad y honestidad conque actuaba la justicia anarquista.

Leandro Martín (o Martínez) López, Magistrado de la Audiencia territorial de Sevilla en 1930, procedía de Igualada (Barcelona). En 1936 era Magistrado de entrada, excedente forzoso.

Ángel Martínez de Mendivil y Ondarra, Magistrado de la Audiencia territorial de Toledo en 1931.

Mariano Avilés Zapater, Magistrado, Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, represaliado por el Gobierno socialista de la república y al que echaron de la carrera por no condenar a un acusado en Granada tal como le ordenó el gobierno republicano. Con posterioridad y mediante sentencia del Tribunal Supremo, lo tuvieron que reponer de nuevo en la Presidencia de la Audiencia, pero a los pocos meses, dos «guardias de asalto» acompañados por funcionarios socialistas de la propia Audiencia, lo sacaron de su casa y lo asesinaron. Posteriormente, según declaración de Francisco Millán López, debió de estar implicado Luis González, responsable político del Partido Comunista, porque le enseñó el carnet del magistrado afirmando haberle asesinado la noche anterior. Asesinado el 22-9-36.

Ángel de Torres Cobo, Magistrado de Almería, falleció a consecuencia de los malos tratos recibidos en prisión.

José Paniagua Porras, Magistrado de Almería asesinado del 25 al 26 de septiembre de 1936

Antonio Bruyel Martínez, Magistrado juez del nº 7 de los de Barcelona asesinado en esta capital.

Pedro Fernández-Cavada y López de la Calle,  Magistrado juez del nº 14 de los de Barcelona, murió en la prisión roja que llamaban “El Seminario” a consecuencia de las torturas y malos tratos recibidos.

Eugenio de Arizcún Carreras,   Magistrado de la Audiencia Nacional

José Ogendo Stolle, Magistrado de Teruel

Policarpo Fernández Costa, Magistrado de Coruña

Rogelio Ruiz Cuevas, Magistrado de Jaén, asesinado en Mancha Real en diciembre de 1936.   

*** JUECES DE PRIMERA INSTANCIA TAMBIÉN MASACRADOS POR LAS IZQUIERDAS REPUBLICANAS:

Juan González Royano, juez de Morón que fue asesinado el 21 de julio de 1936 a los 39 años en su propio juzgado por mantenerse sin vacilación en el cumplimiento de su deber.

Félix Ballesteros Pérez (natural de Monóvar, Alicante) Juez de Quintanar de la Orden (Toledo) asesinado el 20 de agosto de 1936 a los 34 años en el cementerio de la ciudad.

Filiberto Carrillo de Albornoz y Enríquez de Salamanca, Juez de primera instancia de la ciudad de Daimiel y su partido y Presidente del Jurado Mixto en Ciudad Real.

Mariano Antonio Yébenes García, congregante de la Inmaculada Concepción, fue asesinado el 20 de agosto de 1936. También fue asesinado su hermano Jesús, abogado del Estado, en noviembre de 1936.

Francisco González Conejero, Juez de Denia. Fue asesinado a los 41 años, el 28 de septiembre de 1936 en la carretera de Murcia a Valencia en el municipio de Pedreguer.

Manuel Cabezudo Astrain, juez de 36 años con domicilio en Andújar, fue asesinado el 3 de abril de 1937 a manos del Comité Provincial del Frente Popular en represalia por el bombardeo de la ciudad de Jaén. Dicho comité decidió en una reunión en el Gobierno Civil, sobre las ocho de la tarde del mismo 1 de abril,  fusilar como represalia en aplicación de la Ley del Talión, a tantos presos partidarios de la sublevación del 18 de julio, miembros destacados de la derecha y el clero de la provincia fundamentalmente, encarcelados en la Prisión Provincial y en la Catedral, como muertos había producido el bombardeo.[10]

Juan Antonio Cabezas Romero Juez de primera instancia de Córdoba, asesinado en su pueblo Villanueva de Córdoba el 25 de julio de 1936.

Julián de Cámara Gilhau, juez de Almodóvar del Campo, de 42 años, fue sacado de la cárcel de la ciudad y asesinado junto a los hermanos Pedro y Gonzalo Sánchez-Truncado Fernández ambos de FE, el 28 de diciembre de 1936 en la carretera de Puertollano a Brazatortas. Figuran implicados en la detención y muerte, además del comité de Almodóvar, Juan Díaz, Francisco Huertas, Casto Gijón Bonales, Felipe Daza, Ramón Marcos Segura y Antonio García Minguillán.

Mario Jiménez Laá. Juez excedente. Removido de este cargo no pudo reintegrarse al servicio activo de la carrera judicial a causa de las persecuciones de que era objeto por parte de las Izquierdas políticas que le mantuvieron en prisión en varias ocasiones, no obstante lo cual se mantuvo fiel a sus ideales nobles y en contra del marxismo que hacía presa en España, hasta el instante de ser fusilado por las hordas rojas.

Benigno Rueda Blanco juez de Instrucción de Navahermosa (Toledo), de 33 años fue asesinado el 14 de agosto de 1936. No se encontró su cadáver.

Luis Mosquera Coronado Juez de Quiroga (Lugo) Con fecha 8 de enero de 1933 se estimó su recurso en contra de su separación de la carrera judicial por no ser políticamente correcto y se le readmitió,  lo cual no impidió que en 1936 le asesinaran siendo juez de Santoña.

Fernando Garralda Valcárcel Fue juez de Arrecife (Lanzarote, Las Palmas) y posteriormente de Sacedón (Guadalajara) hasta que en 1936 junto a  D. Alfonso Bernáldez Avila, Juez de Sigiienza, fue nombrado juez especial en Madrid para la instrucción de los sumarios por los delitos de rebelión y sedición. Asesinado en Madrid el 6-12-36.

Rafael del Río Luna, 34 años, juez de Posadas (Córdoba) fue asesinado el 23 de julio de 1936 junto a otras 63 víctimas en la Casa destinada a Dispensario Antipalúdico, siendo trasladados al cementerio en un carro por los marxistas, diez de los cuales fueron posteriormente ejecutados en virtud de sentencia firme de la Autoridad Militar que les condenó a la última pena.

Alejandro Royo-Vilanova y Fernández Cavada Hijo del catedrático y Ministro Antonio Royo Villanova. Juez de primera instancia de Baltanás (Palencia) y posteriormente, juez de instrucción de Colmenar Viejo (Madrid). Murió en Madrid el 12 de agosto de 1936 a manos de anarquistas y marxistas durante el inicio de la guerra civil española.

José Palma Campos, asesinado en Madrid.

Tomás Bordera Martínez Juez de Jijona de 39 años. Asesinado en septiembre de 1936 por elementos marxistas de Elda.

Joaquín Serrano Rodríguez, Juez de Granollers asesinado en el castillo de Montjuich

José James Llamazares Juez de Piedrabuena (Ciudad Real) asesinado en Valencia

Ignacio de Larra Córdoba, Juez de Bujalance, asesinado el 27-9-36 en Cañete de las Torres.

Francisco del Prado y García del Prado, Juez de Montoro asesinado en Jaén en agosto de 1936 por sentencia de Tribunal Popular

José Angos Graner , Juez de Barbastro asesinado en Barcelona el 18-8-36

Pascual Farlet Baudín, Juez de Tamarite de Litera asesinado el 17-8-36

Rufino Caruana Navarrete, juez de Baeza asesinado en esta ciudad el 15-4-37

Manuel Cabezudo Astrain, juez de Mancha Real asesinado en abril de 1937

Juan Martínez de la Cueva, Juez de Villaviciosa (Asturias) asesinado en Comillas y tirado su cadáver a un pozo.

Bonifacio Estrada Arnal, juez de Carmona asesinado en Madrid en 1936

Baldomero Abia Arthaud, Juez de Játiva asesinado de un tiro en la cabeza el 29 de agosto de 1936 en Puerto Ollaria.

Luis Fuentes Jiménez, Juez de Belchite

Vicente Lafuente Polo

***ABOGADOS DEL ESTADO ASESINADOS POR MIEMBROS DEL BANDO REPUBLICANO:

José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, y diputado por Renovación Española. En el tenso periodo entre febrero y julio de 1936, protagonizó varios debates en las Cortes en los que pidió al Gobierno que restableciese el orden público, a su juicio totalmente quebrado, reclamaciones parlamentarias que le granjearon una enorme popularidad entre algunos sectores conservadores, pero también mucha oposición en otros. La diputada del Partido Comunista de España Dolores Ibárruri (conocida como Pasionaria) afirmó en esta sesión, aludiendo a Calvo Sotelo y Martínez Anido, que era una vergüenza que en la República todavía no se les hubiese juzgado, refiriéndose a sus responsabilidades como ministro de la dictadura de Primo de Rivera y como organizador de la lucha contra el sindicalismo anarquista, respectivamente. Tarradellas, en una entrevista, acusó también a Dolores Ibárruri de exclamar en esta sesión, dirigiéndose al diputado monárquico: «Este hombre ha hablado por última vez»[11] Así fue. En la madrugada del 13 de julio de 1936 fue detenido en su casa por La Motorizada, una especie de milicia de los socialistas madrileños y durante el traslado fue asesinado en la misma camioneta en la que era trasladado mediante un tiro a la cabeza. El asesino, el pistolero socialista Luis Cuenca, guardaespaldas del entonces líder del partido socialista Indalecio Prieto se escondió después en casa de otra destacada socialista: Margarita Nelken​. El hecho tuvo un hondo impacto entre la clase media española de la época y polarizó aún más el ya tenso ambiente político que reinaba entonces, hasta el punto de ser el detonante que provocó que el general Francisco Franco decidiera unirse a la sublevación que desde hacía tiempo se preparaba contra la República.



Teodoro Pascual Cordero, En el año 1924 con 22 años se convirtió en el Abogado del Estado más joven de España. Detenido y encarcelado, fue asesinado a mediados de agosto en la Cárcel Modelo de Madrid a los 34 años.

Juan de Isasa y del Valle, fue asesinado el 11 de noviembre de 1936 junto a sus hijos Eduardo y Carlos de Isasa Adaro en el cementerio de Vallecas. El 27 de noviembre de 1936 asesinaron en Paracuellos de Jarama a Francisco, otro de sus hijos.

Manuel Gómez-Acebo y Modet, Hijo de José Gomez-Acebo y Cortina, III marqués de Cortina, diputado romanonista por el Distrito de Estella (Navarra). Asesinado por miembros del bando republicano el 9 de noviembre de 1936 y su esposa Mercedes Cejuela y Fernández el 16 de noviembre en su finca de Collado Villalba llamada “La Arboleda”. También asesinaron a su hermano Miguel.

Federico Salmón Amorín Durante sus estudios lideró a los estudiantes de Derecho en la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos. Dirigió el diario La Verdad de Murcia y militó en Acción Nacional, luego Acción Popular. Fue consejero nacional y secretario general de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Fue Ministro de Trabajo en tres ocasiones durante la Segunda República Española. Al estallar la Guerra Civil se encontraba en Madrid, fue buscado con especial interés por la izquierda radical, y apresado junto con Rafael Vinader Soler (abogado, pasante de Federico Salmón y fundador de la Federación de Estudiantes Católicos de Murcia ) un buen amigo de Federico que residía en Madrid, y cuyo único delito fue haberlo escondido en su casa. Fueron conducidos ambos a la Cárcel Modelo, hasta que el 7 de noviembre de 1936 los llevaron junto a otros cientos de presos a Paracuellos de Jarama donde fueron asesinados.

Juan Rovira Roure. Fue un abogado del Estado y político español nacido en Barcelona. Durante la Segunda República Española, Rovira fue alcalde de Lérida desde 1935. En enero de 1936 autorizó la Cabalgata de Reyes, resultando ser Lérida una de las pocas poblaciones que la celebró aquel año. Por este motivo fue detenido y juzgado de forma irregular por un tribunal popular el 18 de agosto de 1936. Fue fusilado el 27 de agosto de 1936 en la misma capital de Lérida.

José Gómez de la Serna y Favre Excelente jurista descendiente de una larga generación de juristas.

Porfirio Silván González, fue asesinado el 7 de noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama

Celestino Lázaro Fernández, abogado de Castellón de la Plana, asesinado por represión popular el 19 de agosto de 1936 en el camino de Sequiol en Castellón de la Plana

Ángel Aguado Serrano, abogado del Estado al que declararon cesante el 1 de agosto de 1936 para asesinarle poco después.

Luis Belda Soriano de Montoya Al poco tiempo de concluir la carrera de Derecho, ganó la plaza de Abogado del Estado, siendo destinado a Almería. En dicha ciudad trabó una filial amistad con el obispo Bernardo Martínez Vigil. En 1936 fue cofundador y secretario del Centro de la ACdP en Almería, desde donde organizó una Escuela Social Obrera. A menudo recorría los pueblos de la provincia en actos de apostolado católico-social. Fue vicepresidente de la Adoración Nocturna y del Consejo Diocesano, así como socio activo de la Congregación de Caballeros de la Inmaculada. En 1931 se lanzó a la calle a proteger la imagen de la Virgen patrona de Almería y a custodiar el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Con estos antecedentes no es de extrañar que excitara los odios de los radicales anarco-comunistas, de modo que detenido y encarcelado en agosto de 1936, fue trasladado a la playa de La Garrofa y ametrallado junto a diversos amigos. Murió abrazado a los otros 27 asesinados, proclamando a Cristo.

Dimas Adanez y Horcajuelo Fue un abogado, notario de Madrid, agricultor y político español candidato en las elecciones del 1933 por Acción Popular y Agraria y obtuvo acta de diputado en las elecciones del 1936 por la CEDA en la provincia de Toledo. Fue asesinado el 28 de Noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama.

Wenceslao Manzaneque y Fraile sufrió la separación absoluta del servicio de su cargo de abogado del Estado el 21 de agosto de 1936 lo que no impidió que le asesinaran posteriormente.

Jesús Yébenes García, Abogado del Estado, académico, profesor de la Real de Jurisprudencia y Legislación, congregante de varias Asociaciones religiosas, fue detenido en la cárcel de San Antón acusado de un delito de “desafección al régimen” por el que se le incoó expediente nº 1720[12] instruido por Ricardo Calderón Serrano, Magistrado del Tribunal del Supremo y Secretario General de los Tribunales Populares y Jurados Populares.  En él se explicitaban los delitos: “Afiliado a Acción Popular, Dedicarse a efectuar préstamos, Concedía donativos a organizaciones religiosas y se le han encontrado infinidad de documentos y efectos religiosos…”La fecha de comienzo del procedimiento es de 23 de diciembre de 1936 y se remite al Juzgado de Instrucción nº 6 de los Juzgados de Urgencia de Madrid en el que ya consta como peligroso. El Juez Larrumbe Maldonado y el secretario Juan Sánchez de Vargas se hacen cargo del mismo y proceden a citar al inculpado. Le contestan que “revisados los libros el inculpado no está preso”, ciertamente, porque había sido asesinado un mes antes; lo que ya no era tan cierto era lo de que “ni ha estado preso, ni se le conoce”, contestación que trataba de ocultar la responsabilidad de los dirigentes que habían ordenado su saca.

Teodoro Pascual Cordero, abogado y diputado por Cáceres asesinado en Madrid

Fermín Daza Díaz del Castillo,  Abogado de 36 años Falangista, diputado por Ciudad Real asesinado en Madrid del 15 al 30 de agosto de 1936. Asesinaron también a su hermano Pablo, médico, de 38 años y a su padre el 26 de octubre de 1936 en Argamasilla de Calatrava.

Daniel Mondéjar Funez Ex Subsecretario de Comunicaciones · Diputado a Cortes por el partido Agrario en Ciudad Real, cuyo cargo juró el 28 de abril de 1936. Asesinado en la provincia de Ciudad Real.

Santiago Alonso de Villapadierna y Gallego Fue detenido por milicias de Ríos Rosas en su domicilio de la calle Goya el 26 de agosto de 1936  como consecuencia de no estar afiliado a ningún partido del Frente Popular (f. 34) y se le encarceló en la cárcel de Porlier. Se le incoa expediente junto a otras personas acusándole de delitos de rebelión, sedición y contra la seguridad exterior del Estado (Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL,210,Exp.18)

Julio Colomer Vidal, Diputado Nacional por la CEDA en las Cortes Generales de Madrid tras las elecciones celebradas en 1936. Su lema era: Religión, Familia, Patria, Orden, Trabajo y Propiedad. Precisamente esta ideología conservadora y partidaria de un Estado corporativo fue lo que movió a sus detractores a tacharle de fascista. Advertido Julio del peligro que sufría su persona, preparó lo necesario para poder huir con su familia al extranjero. A pesar de contar con amistades que desempeñaban cargos importantes en la administración republicana, como el mismo alcalde de Valencia Cano Coloma (que había sido compañero de colegio y, de hecho, ya le ayudó en el sepelio de su madre tres años antes), decidió no acudir a ellos por el peligro en que los pondría y bastarse por sí mismo. El día 17 de agosto de 1936 el piquete asesino llega a su casa con la intención de eliminarlo. Fue maniatado y conducido al puente del Mar. Le hicieron bajar del automóvil en que lo transportaban y caminar delante de ellos hasta la mitad del mismo. Alcanzado el lugar deseado por esta chusma, le dispararon hasta la muerte, dejando abandonado su cadáver inmerso en un charco de sangre.

Luis Ruiz-Valdepeñas y Utrilla diputado por Ciudad Real. Era un abogado del Estado de 35 años, militante de la CEDA, y murió después de sufrir duras vejaciones el 2 de septiembre de 1936 en el término de Daimiel.

Juan Francisco Gómez Molleda, abogado del Estado y el funcionario de prisiones Aureliano Rodríguez Márquez, ambos conducidos el 11 de diciembre de 1936 a un lugar desconocido en Jaén del que no regresaron. Pocos días después, el 23 de dicho mes, ocurrió otro tanto con el magistrado de la Audiencia Provincial de Jaén, Rogelio Ruiz Cuevas.

Y también: Ángel Castro Menéndez, Juan R. Godínez y Sánchez, Juan Manuel de Estrada y Soler, Pedro Redondo Sanz, Antonio María Acuña, y Leandro González Reviriego

En la actualidad, los jueces españoles están pasando su particular calvario como consecuencia del conflicto secesionista catalán. Manifestaciones con velas en las que se habla de presos políticos para pedir la liberación de los presidentes de la ANC y Ómnium (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) las críticas de políticos como Pablo Iglesias y Ada Colau, las reclamaciones de Amnistía Internacional o la campaña de comunicación orquestada desde el ala independentista, son entre otras, las afrentas a las que se enfrenta el estamento judicial. De modo que los Jueces han pedido al CGPJ que ampare la independencia judicial ante las presiones porque “La función primigenia del CGPJ es amparar a los jueces y juezas de cualquier ataque recibido que afecte al ejercicio de su función jurisdiccional, subrayan las asociaciones judiciales”.

Esperemos que consigan ejercer su labor con plena independencia y sean respetadas sus sentencias y ellos mismos.

 

[1] Acta de sesiones del Parlamento. “El Debate”, 24 de noviembre de 1931, Madrid

[2] El Liberal, de Bilbao, 20 de enero de 1936

[3] “El Socialista”, 26-5-36

[4] Solé i Sabaté, J. M. i Villarroya i Font, J., La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989, pág. 60-61.

[5] Federico Vázquez Osuna: “La recuperación de la memoria histórica, la judicatura republicana” 

[6] Salazar Alonso, Rafael. Madrid, 27.XII.1895 – 23.IX.1936. Político, ministro, alcalde de Madrid. Caída la Monarquía alfonsina, fue concejal de la corporación municipal madrileña en representación del Partido Radical, revelándose como hombre de gestión por la energía de su carácter y dotes organizadoras. Afiliado a la masonería  con el nombre de “Pi y Margall”, en una época en que la pertenencia a dicha asociación propiciaba el cursus honorum de sus adictos, fue diputado por Badajoz en las dos primeras legislaturas republicanas, Presidente de la Diputación Provincial de Madrid, y desempeñó la cartera de Gobernación, que ocuparía en sustitución del dimitido Diego Martínez Barrio.

[7] Pertenecía a la masonería en el triángulo Lombroso de Xauen, en el que al salir de Mamlecos obtuvo <<plancha de quite» para adscribirse a la logia <<Hispano Americana», dependiente del Gran Oriente Español. Cuando Galán venia a Jaca, el grupo masónico local, de vida lánguida hasta entonces, adquirió actividad. Destinado en la misma guamición también se encontraba un conocido <<hermano», el teniente coronel Julio Mangada Roseen, muy dedicado a sus estudios teosóficos y espiritistas, así como al cultivo del esperanto.

[8] Tenía un enorme patrimonio artístico a lo largo de los siglos, especialmente por algunos mecenazgos nobiliarios que motivaron una riqueza que desapareció con el fuego. Apenas la portada principal, los muros y crujías, algunas lámparas votivas y rejas del presbiterio y algunas piezas que pudieron ser sacadas del templo. El resto, cenizas tras un fuego intencionado cuyo contexto mezcla los odios personales, las venganzas, el clima anticlerical que se vivía en algunos barrios en tiempos de la Segunda República y  el enfrentamiento y bipolarización de la política, tanto local como nacional.       

[9] Propuestas de acusación contra don Manuel Azaña y don Santiago Casares Quiroga Articulo único. A los efectos prevenidos en el artº 92 de la Constitución y en el 77 de la ley de 14 de Junio de 1933, el Congreso acuerda querellarse ante el Tribunal de Garantías contra D. Manuel Azaña, como ex ministro de la Guerra y ex presidente del Consejo de ministros, como autor de hechos constitutivos del delito previsto y penado en el artº 134. En su caso, el Sr. Azaña al forzar al Consorcio Militar, como presidente nato que era del mismo, saltando por encima de las normas señaladas para la venta de armas, facilitó las operaciones solicitadas por el Sr. Echevarrieta, a sabiendas de que los pedidos que éste formulaba se destinaban, en principio, a cooperar a un movimiento revolucionario en la vecina República de Portugal que, posteriormente fueron derivadas a la insurrección de Asturias. La Libertad 31 de marzo de 1935

[10] Juan Cuevas Mata: “El bombardeo de Jaén” pgs 78,79,80

[11] Josep Tarradellas: El único camino. Barcelona, Bruguera, 1979, p. 248. Época, núm. 33 (1985), p. 26. Según Salvador de Madariaga: España: ensayo de historia contemporánea, undécima edición, revisada por el autor, 1979, p. 384.

[12] Archivo Histórico Nacional,FC-CAUSA_GENERAL,14,Exp.143

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Valentina Orte

Licenciada en Geografía e Historia, fue profesora hasta su jubilación.

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