Mucho se ha hablado en estos últimos días del “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019” que el pasado 11 de octubre rubricaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y poco se ha hablado del resto de medidas no presupuestarias recogidas en el mismo.

Entre las medidas no presupuestarias cabe citar la eliminación de las diferencias entre abuso y agresión sexual en el Código Penal, la introducción en nuestra legislación el consentimiento expreso para mantener relaciones sexuales, la derogación del artículo 315 que castiga a los que coaccionaran a los trabajadores para continuar una huelga, al igual que la derogación de los delitos de injurias al Rey, y el delito de ofensa al sentimiento religioso.

Quizá parezca que en las medidas no presupuestarias el pacto PSOE-Podemos mezcla asuntos y temas que no guardan ningún tipo de relación, sin embargo, todas las medidas propuestas tienen un hilo conductor: la conversión de la calle en lugar de lucha impune.

Efectivamente, ¿qué otro sentido puede tener la despenalización de la violencia ejercida por los piquetes, o la despenalización de las ofensas y profanaciones, sino es posibilitar que los grupos izquierdistas pueden incendiar las calles con total impunidad?

El pacto pretende otorgar carta blanca a los violentos, y sin duda esa carta pretende ser jugada a favor de la apuesta progresista.

Uno de los puntos que ha resultado de ese pacto es la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que dispone que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.” Si prospera esta medida los piquetes que coaccionen a los trabajadores para sumarse a la huelga no tendrán ningún tipo de reproche penal, limitándose no solo el derecho de los no huelguista, sino lo que es más importante, se incentivará la creación de piquetes violentos para que tomen las calles y las empresas.

En el mismo sentido hay que interpretar la pretensión de derogar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, pues aunque últimamente nos estamos acostumbrando a las reiteradas ofensas y agresiones a los cristianos, sin duda alguna la despenalización de ese delito llevará parejo un incremento de actuaciones violentas contra los cristianos.

En cuanto a las ofensas a la Corona poco queda por añadir, pues el objetivo principal de estas ofensas no es en sí criticar al monarca, sino poner en tela de juicio la propia Jefatura de Estado, y con ello poner en la picota la propia existencia del Estado, posibilitando de esta manera un mayor campo de acción a los grupos independentistas, que al criticar a la corona pretenden hacer una moción de censura total a la existencia de España.

En este plan solo quedaba un cabo suelto: ¿qué hacer con los disidentes? Y la respuesta fue fácil para estos dos botarates: amenazarles con una posible denuncia por delito sexual. El plan es claro, si alguien se atreve a cuestionar al líder será suficiente encontrar a una mujer que le acuso de cualquier abuso, violación o conducta impropia, para que por arte de birlibirloque, el disidente sea condenado sin posibilidad de remisión, pues ante cualquier delito de naturaleza sexual la veracidad de la mujer acusadora, no sólo se presumirá, sino que no podrá ser cuestionada, y la culpabilidad del varón denunciado, no habrá que probarla, sino que será un imperativo legal.

Y en este mundo diseñado por el nuevo comunismo, que de nuevo solo tiene el nombre, el ciudadano pacífico y cumplidor quedará relegado al exilio social.

Si el pacto PSOE-Podemos busca la impunidad de los piquetes violentos, la impunidad de las agresiones a los católicos, y la impunidad de los independentistas en su crítica sistemática al Estado y al Jefe del Estado, es fácil concluir que el pacto firmado solo tiene un objetivo: incendiar las calles, y además cobrarle a usted, mediante la subida de impuestos, el servicio de bomberos.