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EEUU mantiene su compromiso de no financiar el aborto

Los legisladores renuevan el interés en dejar de financiar organismos de la ONU en relación al aborto.

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Los fondos para ayuda exterior no pueden ser usados para presionar a favor o en contra del aborto, de acuerdo a la ley de los EEUU. Hay un interés creciente entre los legisladores de EEUU en hacer cumplir ese norma frente a la ONU y sus varios organismos.

El año pasado, el Departamento de Estado de EEUU citó la Enmienda Siljander cuando cortó los fondos a dos órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA) debido a su presión sobre países latinoamericanos para liberalizar sus leyes de aborto. El Secretario de Estado Mike Pompeo anunció los recortes en Marzo de 2019, diciendo, “nuestra reducción iguala la cuota estimada para los EEUU de posibles gastos de la OEA en estas actividades relacionadas con el aborto”.

Esto surgió a traveś de una carta de 2018 de un grupo de Senadores de los EEUU dirigidos por James Lankford al Secretario Pompeo exponiendo las presiones de la OEA sobre el aborto y pidiéndole hacer cumplir la Enmienda Siljander.

Sin embargo, la OEA y sus órganos de derechos humanos no están solos en las presiones a favor del aborto en el nivel internacional y que reciben fondos de los EEUU. Múltiples organismos de la ONU que reciben fondos de los EEUU están comprometidos en actividades similares, y las acciones tomadas por el Departamento de Estado hacia la OEA proporcionan un modelo sobre cómo podrían tomarse pasos similares para censurar las extralimitaciones pro-aborto en la ONU.

No hay un derecho humano para el aborto internacionalmente acordado, ni un derecho al aborto en la ley humanitaria internacional, y el consenso entre los países miembros de la ONU es que las leyes de aborto son un asunto nacional. No obstante, la Secretaría de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Mujeres de la ONU, el Fondo de Población de la Naciones Unidas (FPNU) y otros organismos que operan bajo el paraguas de la ONU habitualmente presionan a países para despenalizar el aborto o legalizarlo bajo más circunstancias.

Las presiones más agresivas vienen de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual incluye a los grupos de expertos independientes que supervisan el cumplimiento con los nueve tratados esenciales de derechos humanos multilaterales. Todos salvo uno de esos organismos de tratados han presionado directamente a países para que cambien sus leyes de aborto, dos de los cuales lo hicieron así por primera vez en 2019, a pesar de que ninguno de los tratados relacionados mencionan el aborto en absoluto. El organismo de tratados que supervisa el cumplimiento con el tratado de derechos de las mujeres (CEDAW) presionó a naciones en el 88 por ciento de las revisiones de los países que llevaron a cabo en 2018.

Los organismos de tratados constituyen el 14 por ciento del presupuesto de ACNUDH en 2017, y los EEUU están entre los contribuyentes principales a sus operaciones, dando más de 18 millones de dólares en 2018.

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La Secretaría de la ONU, dirigida por el Secretario-General, ha publicado múltiples informes calificando al aborto como un derecho en contextos humanitarios, particularmente en casos de violencia sexual relacionada con conflictos.

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Similarmente, otros organismos de la ONU incluyendo Mujeres de la ONU, FPNU y la OMS, han publicado manuales promoviendo el aborto.

Mientras las OMS y el FPNU han sido desprovistos de fondos por el Presidente Trump como una acción ejecutiva, una futura administración Demócrata podría revertir esos recortes. No obstante, como el Secretario Pompeo señaló, el asegurarse de que las contribuciones de los EEUU no vayan a apoyar las presiones abortistas es una cuestión de ley federal. La aplicación de esa norma a la ONU, tal como fue aplicada a la OEA, sería el siguiente paso lógico.

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C-Fam
Escrito por

The Center for Family and Human Rights (C-Fam). C-Fam was founded in the summer of 1997 in order to monitor and affect the social policy debate at the United Nations and other international institutions.

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