Esto es lo mínimo que puede exigirse de los Gobernantes: que respeten la palabra dada, especialmente a los ciudadanos cuando esa palabra comporta los compromisos que asumen frente a ellos.[1] Sin embargo, nada de eso viene sucediendo desde que se formó este Gobierno, traicionando la palabra dada por Sánchez a sus electores, prometiendo que nunca pactaría con Podemos ni con los independistas. Dicho y hecho, pero traicionando lo dicho. Hoy es rehén de su traición y tiene a la oposición metida en su propio Gobierno, con desavenencias en temas muy graves como la Monarquía y la violencia callejera que viene asolando muchas ciudades (especialmente Barcelona). Una violencia que es, incluso, jaleada por el portavoz de Podemos y que no se sabe bien qué es lo que persigue, salvo saquear establecimientos y tirar piedras a diestro y siniestro.

Somos rehenes de la violencia y la incompetencia de un Gobierno que no sabe adonde va, porque no sabe bien de donde viene, y porque todo es oscurantismo sin que los ciudadanos sepamos qué es lo que se cuece en las cocinas de la Moncloa. Muchos son los que se preguntan quienes permanecerían de pie, ahora, en caso de otro 23 F, y en esta interrogante nos quedaremos al ver cómo en el homenaje rendido en las Cortes con motivo del aniversario de este suceso, Iglesias ha permanecido impasible y los grupos parlamentarios que le apoyan ni siquiera han acudido. Como en el Cantar del Mío Cid cabe decir que muchos males han venido por los reyes que se ausentan... a lo que el monarca contesta: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”.[2]

Las posiciones parecen ya claras con Podemos y Grupos parlamentarios independistas pretendiendo romper la Constitución y, con ello, el Estado de Derecho. En el otro lado, los partidos de la derecha (desunidos, pero juntos en esto) y en medio de ambos …. Sanchez que, como viene siendo habitual, da una de cal y otra de arena, porque su única meta es mantenerse en el poder. El anunciado “asalto” al poder judicial será la piedra de toque en este duelo por el Estado de Derecho, ya que si Podemos logra entrar en el CGPJ me temo que la locura se habrá impuesto a la cordura. Veremos pues …

Pero retomo el título de este post para destacar la importancia que tiene el respeto a la palabra dada (bajo la expresión latina “pacta sunt servanda”) ya que marca la diferencia entre lo legítimo y lo ilegítimo, cuando esa palabra proviene de quien aspira a ser Presidente del Gobierno. Los ciudadanos solo tenemos, al parecer, una sola ocasión de manifestar nuestro parecer político que es al ejercer nuestro derecho al voto. Y para ejercerlo correctamente, es necesario que los diversos candidatos y partidos ofrezcan públicamente su Programa de gobierno así como la forma en que llevarán el timón en caso de resultar elegidos. Pero tan importante como esto es que quien accede al poder cumpla lo prometido y no haga justamente lo contrario ya que, en tal caso, su gobierno será absolutamente ilegítimo.

Esto es, básicamente, el “contrato social” del que nos hablaba Rousseau [3] con antecedentes mucho más antiguos en Platón, Hobbes o. Locke ,y que viene a expresar la idea de que, partiendo de que la soberanía reside en el pueblo, el Poder Público tiene su legitimación en una especie de pacto mediante el cual la gestión de esa soberanía le es cedida por los ciudadanos.[4] Una cesión que tiene como presupuesto (o cláusulas del contrato) lo que cada candidato expone de su programa electoral, de tal modo que si ese programa se incumple, el Gobierno entra en “default” o, lo que viene a ser lo mismo, carece de legitimación para dirigir al pueblo. Y, como ya he explicado en otros posts, carecer de legitimación no quiere decir que sea un Gobierno ilegal, puesto que cumple nominalmente con los requisitos para serlo (designación por la mayoría del Congreso).[5] Quiere decir que no puede afirmar que tenga el consenso (reconocimiento) del pueblo, lo cual nos remite al contenido ético del poder con referencia al contexto social en el que se desenvuelve.

Pero hay algo más (aparte de lo dicho) acerca de la legitimación de quien ostenta el poder y consiste en el necesario sometimiento a la Constitución que prometió o juró cumplir en su día (al tomar posesión de su cargo). Este sometimiento a la Constitución hace que deban ser considerados como ilegales todos aquellos partidos que tienen como finalidad algo proscrito por la Constitución, como es el caso de los partidos separatistas. Dicho muy claramente, no se puede pretender un referéndum vinculante para declarar la independencia de un territorio del Estado español sin modificar, previamente, la propia Constitución, porque según el artículo 2 de la misma la propia Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y mientras eso no sea modificado (por el procedimiento previsto en los artículos 167 y 168 de la misma, ningún partido independista podrá llevar a cabo (legítima ni legalmente) la independencia que proclaman.

No queda ahí la cosa, porque resulta que las declaraciones del portavoz de Podemos dando su beneplácito a la violencia callejera (que toma como simple excusa una libertad de expresión muy mal entendida) hacen que ese partido pueda estar incurriendo en una causa para ser ilegalizado.[6] En este sentido, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos en su artículo 9 que señala que una formación «será declarada ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos». Y en concreto, lo recogido en el apartado i) donde apunta a esta posibilidad en caso de que un partido «da cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia». Yo no sé quiénes son los que quemaron contenedores y lanzaron piedras, pero lo que sí es cierto es que Echenique ha dado cobertura a eso. Y eso no es admisible en un partido político, y doblemente inadmisible, si además ese partido político forma parte del gobierno.

Resulta, entonces, que si sumamos la ilegitimidad de Sánchez a la flagrante ilegalidad de los partidos independistas y el incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos por parte de quien forma parte de su propio Gobierno, el “cocktail Molotov” contra el Estado de Derecho está servido. La guinda viene de la mano del lamentable espectáculo al que hemos asistido en el aniversario del 23 F con políticos y Grupos dando la espalda a esta celebración. Con ello ponen claramente de manifiesto su desacuerdo con el régimen democrático instaurado hace ya más de cuarenta años y con la Constitución a la que todos debemos obediencia. Un año tan solo para tirar por la borda lo que hemos tardado cuarenta años en construir …

Mientras tanto, un Gobierno plagado de ineptos (A.Garzón es una clara muestra de ello) del que solo podemos esperar que no empeore más las cosas, porque no parece dispuesto a admitir ni a aclarar sus constantes desatinos. Al menos, hasta que la UE nos pida cuentas de tantas y tantas decisiones absurdas que se han tomado, así como de las que no se han tomado (como pueda ser las ayudas al sector de la hostelería y similares). Un gobierno al que le cuadra muy bien la frase de Groucho Marx cuando decía ¿Pagar la cuenta? ¡Qué costumbre tan absurda!

Estamos, lamentablemente, en un momento de auténtica “desmemoria democrática” puesto que casi un 60 % de las personas entre 18 y 35 años ignora quién fue Tejero,[7] lo cual hace aún mayor la brecha que puede provocar el proyecto de ley de memoria histórica que se trae entre manos este Gobierno. Eso reavivará rencores olvidados encrespando más aún nuestra agitada vida política actual. Más valdría que se pusiera a mirar el ejemplo de Italia y a dar los pasos necesarios para un Gobierno de auténtica coalición, que represente, realmente, a la mayoría de los españoles, en lugar de dar tumbos a la derecha y a la izquierda.[8] O eso, o nos jugamos muy seriamente el Estado de Derecho que tanto nos ha costado construir …

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Sin más por hoy, y confiando simplemente en que las cosas no vayan a peor, me despido con una media sonrisa etrusca porque, como decía Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre… con excepción de todos los demás, de modo que merece la pena luchar por ella.

• NOTAS:
• [1] “Pacta sunt servanda” es una locución latina, que se traduce como «lo pactado obliga», y mediante el que quiere expresar que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un principio básico del derecho civil (específicamente relacionado con los contratos) y del derecho internacional. “El contrato es ley entre las partes“.
• [2] Cosas veredes, amigo Sancho, hemos oído todos alguna vez. Y lo hemos oído atribuido a los personajes de El Quijote, donde no aparece tal cita. El origen literario de la expresión Cosas veredes se remonta al Cantar de Mío Cid, cuando Rodrigo Díaz de Vivar le dice a Alfonso VI: Muchos males han venido por los reyes que se ausentan… y el monarca contesta: Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras. La expresión original era ‘cosas tenedes’, pero con el tiempo, se distorsionó tanto la forma como su significado, llegando al actual ‘cosas veredes’. Vid el siguiente link: https://www.estandarte.com/noticias/idioma-espanol/la-expresin-cosas-veredes-_579.html
•  [3] En filosofía política, ciencia política, sociología y teoría del Derecho, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría (cuya formulación más conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau) es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato.
• [4] En La República, de Platón (alrededor de los años 360 a. C.), Glaucón sugiere que la justicia es un pacto entre egoístas racionales. Posteriormente Epicuro (341-979 a. C.) dice en sus reflexiones sobre política en las Máximas capitales que no existe una ley natural y que en el momento en que los seres humanos, que antes vivían en la naturaleza de modo violento y desconocían el bien común, establecen un pacto social para no hacerse daño mutuamente ni sufrirlo surgiendo de esta experiencia el concepto de justicia. Cicerón (106-43 a. C.) sitúa una teoría similar que la de La República de Platón a finales del período de la República Romana. Pero el primer filósofo moderno que articuló una teoría contractualista detallada fue Thomas Hobbes (1588-1679), con su opinión de que los hombres, en el estado de naturaleza, cedían sus derechos individuales a un soberano fuerte a cambio de protección. John Locke (1632-1704) también planteó una teoría contractual. A diferencia de Hobbes, Locke creía que cada persona hacía un contrato con las demás para un determinado tipo de gobierno, pero con la posibilidad de modificarlo o incluso de abolirlo.
•  [5] Vid. LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD JURÍDICA: LA EQUIDAD COMO PUNTO DE ENCUENTRO que puede leerse en el siguiente link: https://www.linkedin.com/pulse/legalidad-y-legitimidad-jur%C3%ADdica-la-equidad-como-de-villar-ezcurra/
•  [6] Reitero lo dicho en mi post titulado PODEMOS DEBE SER ILEGALIZADO …YA BASTA !!! y en el diario La Razón que se cita en el mismo, y que puede leerse en el siguiente link: https://www.linkedin.com/in/jose-luis-villar-ezcurra-62180422/detail/recent-activity/shares/
• [7] Dato extraído de la versión en papel de La Razón (La desmemoria histórica del 23 F) del 213 de febrero de 2021.
•  [8] Esto es lo que han reclamado, públicamente, un nutrido grupo de Catedráticos, de las más diversas disciplinas. Intelectuales, diplomáticos, empresarios y periodistas integrantes del Círculo Cívico de Opinión. De este grupo forman parte personas tan relevantes como Santiago Muñoz Machado, Emilio Lamo de Espinosa, Araceli Mangas, Javier Rupérez, Victoria Camps, Francesc de Carreras o Benigno Pendás.

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