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Cali: la vergüenza de una ciudad saqueada

¡El alcalde de Cali es el principal responsable del saqueo ejecutado en la ciudad y debería renunciar!

Monumento a Cristo Rey en el Cerro Los Cristales (Cali - Colombia). Imagen con licencia Pixabay

Eugenio Trujillo Villegas – Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

¡Escándalo y vergüenza! Eso es lo que produce el contrato suscrito por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, con la Unión Temporal AMI. La ciudad ha contratado con esa empresa privada el suministro de unos sofisticados contadores de agua para miles de usuarios, en un paquete de compras que tiene un valor de $215.000 millones de pesos (US $50 millones de dólares).

Entre las muchas compras incluidas en el contrato figuran unos televisores de $42 millones de pesos, que en el comercio se consiguen a $4 millones. Sillas de oficina de $17 millones, cuando cuestan $1 millón. Aparatos de proyección de videos de $700 millones, cuando cuestan $10 millones. 30 estaciones de trabajo de $42 y de $49 millones cada una, cuando no cuestan más de $5 millones.  Equipos de video-conferencia de $108 millones, cuando una plataforma de comunicaciones cuesta $10 millones. Y vaya uno a saber cuánto cuesta cada uno de los miles de medidores de agua y a cómo los han facturado, porque de eso aún no se ha dicho nada. La mayoría de los productos comprados por la alcaldía de Cali se están cobrando a unas 10 veces su costo real.

Cali es una ciudad saqueada

Lo que realmente importa en este escándalo es que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha establecido un saqueo sistemático del erario público. El alcalde es quien nombra al director de Emcali y preside la junta directiva de esa entidad.   

Todos los días se conocen escándalos de corrupción que afectan a la ciudad. Más del 90% de los contratos del municipio se hacen bajo la figura de prestación de servicios, en un marco jurídico denominado “urgencia manifiesta”, que fue declarada por el alcalde en enero del 2021 con el pretexto de atender la pandemia del Covid. Esto le permite contratar sin necesidad de licitación pública, y en el año 2021 se ejecutaron 28.000 contratos bajo este sistema perverso.

Así, el presupuesto anual de la ciudad, que es de poco más de 4 billones de pesos ($1.000 millones de dólares), se diluye en la más abyecta corrupción. Pero, peor que eso, los caleños no se indignan, ni hacen nada para evitarlo.

Nada hizo el Gobierno anterior del presidente Duque, que presenció todas las desobediencias constitucionales del alcalde Ospina, cuando el año pasado la ciudad fue destruida por el terrorismo urbano y la Minga indígena del Cauca, con el auspicio del alcalde. Y nada han hecho los flamantes organismos de control, que definitivamente no sirven para nada. Ninguno de ellos ha tomado la más insignificante de las medidas, o ha hecho la más elemental de las investigaciones, ante los escándalos que surgen todos los días en la alcaldía de Cali.

Una tragedia que afecta a toda Colombia

Esta tragedia no es apenas un problema de Cali. Esto ocurre en todas las ciudades, en todos los departamentos y en todas las instituciones del Estado, que son saqueadas por políticos y empresarios corruptos. Y ninguna de las entidades de control hace nada para evitarlo. Así, la corrupción en Colombia se devora unos $50 billones de pesos por año ($12.000 millones de dólares), según los cálculos más conservadores.  

¡Los corruptos no roban apenas para ellos! Roban para comprar a los funcionarios que los deben investigar. Y también roban para comprar las sentencias absolutorias de los jueces, de los tribunales y hasta de las Altas Cortes, en lo que se conoce como la corrupción del Cartel de la Toga.

Precisamente esta semana fue ordenada la captura del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, quien está prófugo en Canadá. Él era el cabecilla de esa banda criminal integrada por magistrados de esa misma Corte y algunos fiscales que cobraban millones de dólares por cada sentencia absolutoria, y otro tanto por archivar procesos e investigaciones relacionados con corrupción.

Los colombianos nos preguntamos perplejos: ¿Para qué sirven la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría? Esas entidades funcionan con una enorme burocracia, pero sus funciones de vigilancia y de control son nulos. ¡Jamás se dan cuenta de nada! ¡Nunca investigan nada! ¡No encuentran culpables en ninguno de los gigantescos casos de corrupción que deberían combatir!

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Si las entidades de control no actúan frente a estos hechos sucedidos en Cali, es porque lo más protuberante de la corrupción está dentro de ellas. Entonces, los que deberían renunciar, los que deberían ser investigados, y los que deberían ser destituidos por las autoridades competentes, son precisamente la Procuradora, el Fiscal y el Contralor. Es incomprensible que se roben el País en sus narices, que reciban centenas de denuncias con sus respectivas pruebas de los latrocinios cometidos y esas entidades no hagan nada.   

En nuestra imaginación conservamos la figura del ladrón común, que no cambia a lo largo de los siglos. Es un bandido que se camufla en las sombras de la noche, que entra con sigilo en una casa ajena, con la cara encubierta, con guantes y zapatos especiales para evitar ruidos, y que en medio de la oscuridad se roba algunos objetos de valor.

Una generación de ladrones de otra estirpe

Es evidente que esos ladrones de poca monta jamás dejarán de existir. ¡Pero los de ahora son de otra estirpe! Roban de día, a la vista de todo el mundo, con arrogancia inaudita. Pasan de vivir en humildes viviendas a ocupar mansiones extravagantes en cuestión de meses. Poseen ejércitos de escoltas, camionetas blindadas y aviones. Se reúnen con ministros, gobernadores y alcaldes en sus despachos, y es allí donde firman los contratos con los cuales se roban cada año por lo menos el 20% del presupuesto de la Nación.

Los colombianos sabemos quiénes son y cómo se roban el dinero, pero las autoridades encargadas de evitarlo no se dan cuenta de nada. Las obras se contratan y se pagan 5 o 10 veces más de lo que realmente valen, pero no se hacen, o se hacen incompletas, o se tardan 10 años.   

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Esa es Colombia y ese es nuestro mundo, porque no somos el único país que padece estas miserias. Pero si tuviéramos el valor de enfrentarlas, la mayor parte de estas conductas criminales no existirían.

¡El alcalde de Cali es el principal responsable del saqueo ejecutado en la ciudad y debería renunciar! Pero como no tendrá la decencia de hacerlo, las autoridades competentes deberían investigar, acusar, destituir y condenar a todos los responsables de esta corruptela indecente. Cali ha sido convertida en una vergüenza nacional, para tristeza y deshonor de sus tres millones de habitantes.

Nota: Estamos listos para salir a marchar este lunes 26 de septiembre, para decirle al Gobierno de Petro que no dejaremos destruir el País. Y en Cali le sumaremos una razón más. Marcharemos también para que el alcalde Ospina sea sancionado, destituido y juzgado por sus incontables delitos de corrupción.  

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