En la rueda de prensa emitida el pasado sábado 14 desde el Palacio de la Moncloa, en la que Pedro Sánchez anunciaba el decreto del Estado de Alarma, se dijo también que, en el Consejo de Ministros celebrado al comienzo del mediodía de hoy, martes 17, se aprobaría un paquete de medidas económicas “para contrarrestar esta situación”.

El plan, que el sábado supuso una discusión entre Pablo Iglesias y Nadia Calviño, en la medida en la que ambos no creen en una modalidad de socialismo de la misma intensidad, no supone una sorpresa en tanto que se da por hecho que hay un gabinete de legos en economía.

Entre las medidas contempladas (puntos de otro decreto-ley) figuran las siguientes:

• “Movilización” de alrededor de 120 mil millones de euros procedentes del erario público, con la excusa de “proteger a las empresas”.
• Expropiación “disimulada” de más de 80 millones de euros del sector privado.
• 600 millones de euros para la “financiación de prestaciones básicas”.
• Prohibición de cortes de suministro eléctrico, de gas o de agua.
• Moratoria en el pago de hipotecas.
• Plazo reducido para resolver toda tramitación de los llamados “Expedientes de Regulación de Empleo Temporal”.
• Restricción a inversiones privadas de países no pertenecientes a la Unión Europea.
• Inyecciones de liquidez de más de 100 mil millones de euros.
• Exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social para los autónomos (no se concreta si es aplazamiento o exención, pero sí se acompaña de una prestación adicional con carácter mensual aunque prorrogable).

En resumidas palabras, puede advertirse de que los niveles de endeudamiento público podrían dispararse más de la cuenta (cabe recordar que, en estos momentos, esta supone una proporción superior al 97 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)). Ahora bien, ¿no se supone que importan más las personas que los numeros?

La economía es una sistemática que permite a la sociedad satisfacer sus necesidades por medio del mercado

No es cuestión de hacer ninguna apología hacia la avaricia, como se sugiere, de manera confusa, en algún que otro análisis sustentado bien por prejuicios morales o por desconocimiento del funcionamiento de las leyes de la economía (sin duda, sustentadas por unos principios morales).

La economía permite la distribución de bienes y servicios escasos, interactuando una sociedad, para satisfacer sus necesidades, por medio del mercado. A la vez, conviene que priorice una serie de principios desincentivados por el estatismo, tales como el ahorro, el largo-placismo y la responsabilidad.

Pero el caso es que sus posibilidades de prosperidad en conjunto no dejan de verse obstruidas por los burócratas de turno. Y no, esa “contingencia económica” no las ayudará. Difícilmente podrán contrarrestar las consecuencias de ese “Estado de Alarma” que está sirviendo para reforzar el intervencionismo político-económico.

La desaceleración económica se intensificará

Desde que se procedió a subir el salario mínimo interprofesional a más de novecientos euros (a la par que se anunciaban nuevas subidas fiscales), la creación de empleo en España empezó a ralentizarse con notoriedad. En los últimos meses, las proporciones han sido peores, por lo menos, en términos de variación interanual.

De hecho, ante los cierres forzados de empresas del sector de hostelería y el comercial de necesidad secundaria, se ha anunciado ya, en los comienzos de la semana, el despido de al menos unas 90.000 personas (entre las empresas afectadas figurarían Airbus, Grupo VIPS, Burger King, y El Corte Inglés).

No todas las empresas podrán prestar sus servicios por medio del teletrabajo. Pero cabe recordar que, de por sí, muchas empresas y autónomos ya tenían problemas con la elevada presión burocrática y fiscal, lo cual les impide tener más beneficios a poder distribuir libremente entre los empleados.

Mientras, muchas familias sufren no solo al ver cómo pierden la mitad del salario gracias a tributos como el IRPF y las cotizaciones forzosas a la Seguridad Social (aparte de algún que otro tributo). Recordemos que una gran proporción de las facturas del suministro de luz y de electricidad resultan en costes políticos y fiscales.

Una vez dicho esto, conviene alertar de que el mismo ejecutivo que en su día nos mintió respecto a la epidemia está acelerando una recesión que los mismos eurócratas bruselenses niegan (España no será la menos damnificada), y solo se le ocurre una Ley Marcial que estrangula a la sociedad con medidas keynesianas de demostrado fracaso.

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