Por Mª del Carmen Meléndez Arias, Doctora en Derecho, Abogada

La discriminación por edad o edadismo,  es la generalización de estereotipos y conductas de segregación por razón de la edad, que se manifiestan en virtud de prejuicios y actitudes negativas o inadecuadas, hacia personas por el único motivo de haber cumplido determinados años, asociándose automáticamente la incapacidad para realizar ciertas actividades o desempeñar determinadas funciones, considerando que al traspasar esa línea que marca  el paso inexorable del tiempo, la vida no tiene sentido convirtiéndose en una carga para el resto de la sociedad.

Los cuarenta y cinco años, es la barrera inexpugnable establecida en el mundo laboral, para la reincorporación a un nuevo puesto de trabajo de aquellos que han sufrido el contratiempo de perder el que ocupaban.

La edad es el único motivo de exclusión del mercado profesional, ignorando la capacidad y valía personal, presentando como única salida a la inactividad, el emprendimiento, camino arduo y complicado que requiere aptitudes y preparación. En consecuencia, nunca debe ser una opción obligada, sino  una decisión voluntaria fruto de la reflexión responsable y consciente.

En todos los procesos de renovación o regulación de plantillas, sistemáticamente se prescinde de aquellos que han superado la citada edad.  En  el mejor de los casos la solución será la prejubilación o jubilación anticipada, empujando a esas personas en plenitud de facultades a una vida propia de la tercera edad en la que el ocio predomina sobre toda actividad, eso sí con la seguridad de percibir una prestación que asegurará la subsistencia.

El problema es cuando irremediablemente la realidad es engrosar las listas del paro, sin perspectiva alguna una vez agotadas todas las ayudas, comienza una tragedia personal y familiar con graves repercusiones sociales.

 Por un lado nos hablan de longevidad, de más de cien años de esperanza de vida en plena forma disfrutando del estado del bienestar, él no va más de nuestra sociedad avanzada. De la llamada “silver economy” o economía plateada; es decir, de oportunidades de negocios suculentos para aquellos que provean a los mayores de servicios que demandarán en ese mundo idílico, semejante al de “Alicia en el país de las maravillas”.

Paralelamente se niega a otros el derecho inalienable al trabajo, condenándoles a la muerte civil, y a la supervivencia subsidiada, que les convertirá en dependientes del estado privándoles de su libertad individual y toda posibilidad de desarrollo personal.

El covid-19 ha puesto de manifiesto que la edad es un criterio discriminatorio también en la atención sanitaria. Todos conocemos la tragedia de las muertes de los mayores institucionalizados en centros residenciales en total desamparo y soledad, la negativa de ingresos hospitalarios, y tratamientos médicos a los enfermos con determinados años.

Toda conducta discriminatoria es injusta porque tenga o no el objetivo de la exclusión social de quien la sufre, ese es el resultado  final en mayor o menor intensidad.

El desprecio del talento senior constituye un eficaz instrumento de descarte de personas causando su muerte civil, y quizá la efectiva eliminación física, con un altísimo coste económico y social que,  en el algún momento de la historia lamentaremos.

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Toda vida es única e irrepetible, digna de ser vivida en plenitud trabajando para el bien común, sin que el paso del tiempo sea una barrera para continuar sirviendo a los demás poniendo a disposición los conocimientos adquiridos.

Ese  es el verdadero avance y progreso de la sociedad, que la experiencia de los mayores y el potencial de los jóvenes caminen de la mano construyendo el legado a transmitir a los que nos sucedan.

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